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“A mí no me beneficia en nada que se suspenda un debate, llevo casi ocho años sin condena”

Rafael Remskij dialogó con PRIMERA EDICIÓN a pocas horas del nuevo intento de juicio por la muerte de su madre en Apóstoles.

9 febrero, 2025
TRIBUNAL PENAL 2. La sala de audiencias de calle San Martín casi 25 de Mayo de Posadas será el sitio de la expectativa.

TRIBUNAL PENAL 2. La sala de audiencias de calle San Martín casi 25 de Mayo de Posadas será el sitio de la expectativa.

Alfredo Rafael Remskij (30) enfrentará a partir de las 8.30 de este lunes el nuevo llamado a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la acusación que acarrea privado de su libertad desde septiembre de 2017: “homicidio calificado por el vínculo”. Está imputado por la muerte de su madre Isabel Domínguez Huzy (52).

Antes que se inicie el juicio ante el Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial, dialogó con PRIMERA EDICIÓN sobre la acusación y sobre las expectativas que arrastra sobre los jueces que lo juzgarán, pero también resaltó las condiciones del “peor de los infiernos” que le toca atravesar desde hace cinco años: sobrevivir con cinco años encima de prisión preventiva vencida.

A Remskij le quedan por rendir siete materias para recibirse de abogado, carrera que inició en una facultad privada de Córdoba y cursa a través de conexiones de internet y material informático. “El estudio me salvó acá adentro, este es el peor de los infiernos”.

Sobre el juicio arrancó: “Espero un juicio digno, correspondiente al deber de los jueces y a lo que indica la teoría. Eso sería lo mejor para todos, para las partes, para los imputados. Espero que haya imparcialidad aunque hasta el momento no se demostró”.

“Conmigo no fueron imparciales, se me quiso imponer una defensa oficial, desestimando la que ya estaba asignada. Me quisieron designar una codefensa lo que generó mayor problema (…) Tengo reclamos que no han sido atendidos aún o solo tuvieron una respuesta parcial a lo planteado”, recalcó.

“Esto arranca el lunes 11 de septiembre de 2017 a las 10 de la mañana cuando me presento en la comisaría porque habían hallado un cuerpo y me dijeron por teléfono que podía ser el de mi madre. Fui de manera voluntaria para averiguar y desde ese momento estoy detenido. Hace ya largos años de manera ilegítima, con los derechos del debido proceso vulnerados, con la prisión preventiva ya vencida y sin fundamento legal”.

Apuntó sus quejas en varias direcciones: “Desde el Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles ya no se planteó bien la investigación y tomaron dos imputados y no respetaron nada. Pasaron por alto un montón de puntos e hicieron un requerimiento de elevación a juicio con errores graves”.

Pero también aclaró: “A mí no me beneficia en nada que se suspendan los juicios. Yo estoy detenido con los plazos vencidos hace cinco años, si estuviera excarcelado bueno, pueden decir que me conviene pero no es así. Solo quiero un juicio acorde a las pruebas, no a la ideología del fiscal o el tribunal”.

“Del barrote para adentro te preocupás por tu causa y la analizás y pensás un montón porque estás al borde de una condena de entre ocho y 35 años de prisión. En mi caso llevo más de siete privado de la libertad, casi una condena por homicidio simple cumplida. Hoy estudio derecho, consulto las irregularidades del expediente con mis profesores y ellos se sorprenden y mencionan circunstancias y posibilidades que deberían ocurrir en el proceso pero que no ocurren”.

Insistió en el tramo siguiente sobre sus sospechas con la Justicia: “Acá el Tribunal Penal 2 no actuó ni actúa para garantizar las condiciones de un juicio ajustado a derecho. Trato de no chocar de manera continua pero debo reclamar, no puedo no pelear por lo que considero justo”.

“Los llamados a debate anteriores no se suspendieron por capricho mío, los últimos fueron porque mi defensor no estaba en condiciones y presentó los certificados correspondientes”. Y buscó sostenerse con un ejemplo: “En mi contra no hay una huella o registro de ADN mío ni de Mayra Dutra (acusada de encubrir el hecho). Pero yo estoy detenido. Por eso me preocupa qué tan justo podría ser un tribunal ante estas circunstancias. Me pregunto cómo podrían intentar justificar entre comillas esta irregularidad, bueno con una pena aún mayor. Insisto, en septiembre se cumplen ocho años de mi detención, ya tengo una pena anticipada, sin juicio”.

Consultado sobre si existe una descripción posible de lo que se atraviesa detenido, dijo: “Lo peor que existe, el peor de los infiernos es estar detenido, nada es peor que una cárcel. Entré con 23 años y no se lo deseo al más enemigo que puedas tener. Apenas ingresé me dieron una santa paliza que no me dejó caminar por una semana. Adentro todo funciona al revés, seas culpable o no se te vienen encima, te apuñalan, cómo alguien puede caminar tranquilo con la carátula que tengo yo en la espalda. Padecí de todo ya, te quitan las ganas hasta de recibir visitas, psicológicamente te suicidás todos los días en prisión. No se puede dormir, no podés ir al baño que te apuñalan, te usan de víctima para el puntazo para lograr un traslado. Cualquiera que quiere irse a otra cárcel hace eso y usan a los detenidos como yo”.

“Para que no me devore la perdición en la cárcel me puse a estudiar, a leer. Hipotéticamente soy creyente, no religioso, pero lo que me salva no es dios sino el esfuerzo por terminar la carrera”.

Como cierre, lanzó: “Espero tener un resultado objetivo del Tribunal, que respete las leyes y el debido proceso. Las condiciones de la defensa deben tenerse presentes con firmeza (…) Pero también necesito que me respondan las tres recusaciones planteadas en diciembre, incluso que se responda a la denuncia por prevaricato que presenté en diciembre contra estos jueces. Que lo resuelvan antes del debate, no después de una condena”.

 

A juicio

La audiencia de debate oral que debería iniciarse mañana lunes, constituye el quinto intento de juzgar a Remskij y Dutra. El Tribunal estará presidido por César Antonio Yaya y Gregorio Augusto Busse y Marcela Leiva como vocales. Acusará el fiscal Vladimir Glinka y las defensas corresponderán a Fausto Mauricio Vergara (Remskij) y Marcelo Osuna (Dutra).

Dutra está imputada como presunta partícipe primaria del “homicidio calificado por el vínculo”. De acuerdo a la elevación a juicio, habría colaborado para que Remskij intente ocultar el parricidio.

El expediente que instruyó el juez Miguel Faría y la fiscal Silvia Barronis, indica que Isabel Domínguez Huzi fue asesinada entre la noche del viernes 8 y sábado 9 de septiembre de 2017, luego de una presunta pelea en la cual fue estrangulada. El cadáver fue cargado a un camión propiedad de la expareja de la víctima y descartado envuelto en frazadas y atado con tramos de cable coaxial, entre desperdicios junto con algunos de sus electrodomésticos. Los forenses confirmaron que Domínguez Huzi murió por asfixia por ahorcamiento. El resto de las pruebas sostendrían que fue asesinada en su vivienda de calle Moreno casi Salta, inmueble que estaba bajo disputa familiar por la insistencia de venderlo que tenía Alfredo Remskij.

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Tags: “homicidio calificado por el vínculo”a juicioAcusado de matricidioAlfredo Rafael Remskij
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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