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Denuncian presión tributaria de la Nación sin correlato en obras

Distritos exigen un reparto más equitativo de la Coparticipación y advierten que el Estado incumple compromisos. “La pregunta es de qué se va a encargar Nación: ¿Rutas, ferrocarriles, Gendarmería?”, cuestionaron.

30 enero, 2025

Las provincias salieron al cruce de los reclamos del Gobierno y de diversos sectores a favor de la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) y recordaron que el 80% de la presión fiscal es por tributos nacionales, al tiempo que pusieron el acento sobre la deserción del Estado en aspectos como la obra pública y el mantenimiento de las rutas, entre otros.

En las últimas semanas, el debate impositivo entre la Casa Rosada y los gobernadores e intendentes marcó el pulso de la política, con un principio de conflicto con el agro por las retenciones. Saldada esa cuenta, al menos de manera temporal, ahora la gestión libertaria insiste con la supresión de tasas provinciales y municipales.

La jugada oficial cosechó apoyos entre actores económicos del mundo empresarial, como El grupo de los 6, y también del sector financiero, con bancos y fintech a la cabeza. Sin embargo, los distritos ponen reparos y piden que la gestión de Javier Milei cumpla con diversas cuestiones atrasadas.

 

Respuesta

Ante la consulta de Ámbito, el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, recordó que “seis de cada ocho pesos que se recaudan con impuestos nacionales van a Nación”, mientras que los otros dos tiene como destino las provincias. “La discusión de unitarios y federales es del siglo XIX, atrasa, hay que pensar en una Argentina global”, reflexionó.

A la vez, comentó que la Región Centro tiene el 50% de las rutas asfaltadas y el norte el 10%. “Los camiones tienen que ir cargados al 70% porque los caminos son de tierra. Quiero llegar a los puertos de Chile, a Paraguay, en esas cosas hay que pensar”, reflexionó.

El funcionario del gobierno de Gustavo Sáenz destacó que Salta tiene IIBB al cero en agro y minería, y de 1,5 a la industria. También exigió “una mirada de desarrollo, porque el 70% del PBI está concentrado en tres provincias”. Y agregó: “Las retenciones se las queda Nación cuando es producción de las provincias”.

Además, comentó que “Salta es una provincia que tiene equilibrio fiscal y bajó 200 millones de dólares su deuda, a pesar de ser una de las provincias que menos coparticipación recibe. El desequilibrio fiscal lo tenía la Nación”.

Por último, Dib Ashur consideró que “hay que duplicar el PBI y que se necesita un corredor en el norte para sacar la producción”. “La pregunta es de qué se va a encargar Nación. ¿Rutas, ferrocarriles, Gendarmería?”, finalizó.

A la par, desde la Patagonia, otro ministro de Economía provincial dijo a este medio que, en su caso, tanto el impuesto inmobiliario como automotor lo cobran los municipios y que IIBB representa su principal fuente tributaria propia.

“Si encima que recortaron más de 40.000 millones en fondos comprometidos y no tienen obra pública, también nos piden que bajemos IIBB… es complejo”, precisó.

Mismo adjetivo usó el diputado nacional y exministro de Economía de Río Negro Agustín Domingo ante la consulta de Ámbito. El legislador admitió que no ve viable una baja significativa sin un acuerdo de coordinación fiscal con la Nación. Afirmó, a la par, que pueden haber gestos aislados, pero que no resuelven el problema de fondo.

“A mi entender es más importante trabajar sobre los regímenes de recaudación (SIRCREB, SIRTAC, etc) que sobre las alícuotas. Ahí es donde se dan las situaciones más abusivas, sobre todo con las PyME. Les retienen de provincias en las que tienen nula actividad”, evaluó.

Paralelamente, otro ministro de una importante provincia señaló que “los impuestos nacionales son los que explican más del 80% de la presión fiscal en Argentina” y, en referencia a la Coparticipación Federal, denunció que “la propia Constitución nacional habla de criterios objetivos los cuales se están incumpliendo hace treinta años”.

 

Importancia de Ingresos Brutos para las provincias

De acuerdo a datos recabados por la Fundación Mediterránea, el impuesto a los Ingresos Brutos representa el 80% de los ingresos propios de las provincias. “Los ingresos tributarios provinciales cayeron un 8 a 9% real anual, con una baja del 10,6% en Ingresos Brutos, su principal tributo”, dice el reporte elaborado sobre información de 20 jurisdicciones en noviembre pasado.

Cabe recordar que el fuego cruzado entre la Nación y los distritos llega en un marco complejo para las administraciones subnacionales, que en 2024 percibieron un derrumbe del 10% en la Coparticipación Federal y del 76% en las transferencias discrecionales, también conocidas como Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Esta semana, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, salió con los tapones de punta y destacó que la provincia “monitorea constantemente la venta en negro a través de plataformas digitales, cuando significan una competencia desleal con los comercios santafesinos que cumplen con sus deberes y sostienen o aumentan el empleo”.

“Para ello, en las retenciones de Ingresos Brutos, a quienes venden en blanco a través de plataformas digitales, se les establecieron alícuotas menores a las que fija la ley, mientras a quienes venden en negro se les fijaron alícuotas mayores a los fines de instarlos a ponerse en orden”, detalló.

Olivares planteó que, en materia de reducción de carga tributaria, la Ley Tributaria 2025 prevé varias medidas que la reducen a distintos sectores productivos y anticipó que “lo seguirán haciendo, con medidas que promuevan gravamen provincial 0% a la mayor producción mediante inversión y creación de empleo santafesino”.

“Esperemos que también las plataformas lo hagan con comisiones, plazos de acreditación al comercio y otras condiciones de servicio al comercio, comparables con países que se tienen como modelo”, lanzó.

En tanto, los gobernadores del PRO Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se alinearon al reclamo de la Casa Rosada y enviaron proyectos de ley a sus legislaturas para bajar IIBB y Sellos entre otros tributos locales. Más allá de la dimensión económica, la jugada se leyó como un guiño a Milei mientras se baraja la posibilidad de que amarillos y libertarios confluyan en una alianza electoral.

 

Quiénes son y qué es lo que reclaman a las provincias

El Grupo de los 6 (G6) fue uno de los que pidió a provincias y municipios que avancen en una baja de la presión impositiva a través de la reducción de ingresos brutos y tasas municipales.

Esta asociación empresaria afirmó que el incremento de estos tributos “se han convertido en un método de financiamiento local antes que en una contraprestación efectiva”.

El denominado Grupo de los 6 (G6) lo integran la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

El G6 destacó que “resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el Gobierno nacional”.

De su lado, las cuatro principales entidades que agrupan a los bancos del país se sumaron al reclamo del Gobierno nacional y del sector fintech contra la aplicación de gravámenes subnacionales, como Ingresos Brutos y tasas municipales. En un comunicado conjunto, solicitaron a provincias y municipios implementar “medidas que promuevan el financiamiento de la producción y la creación de empleo en Argentina, basadas en una estructura impositiva razonable y no distorsiva”.

En el documento, firmado por la Asociación de Bancos (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), se destacó que “la elevada carga de impuestos distorsivos que afecta a la actividad financiera es uno de los factores que explican, pese al crecimiento registrado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos en relación al PBI en los últimos 25 años”.

Entre las cargas señaladas, sobresalen los impuestos provinciales a los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales, muchas de ellas consideradas excesivas.

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Tags: eliminacion ingresos brutostasas provinciales y municipalestributos nacionale
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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