Tras la decisión del Gobierno de licitar la concesión de rutas, la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA) denunció “graves incumplimientos” del Estado Nacional de los contratos firmados en su momento.
La compañía denuncia que desde 2009 el Estado Nacional ha violado su contrato, afectando la viabilidad de la concesión y el servicio de las rutas 12 y 14.
La Ruta Nacional 12 comunica a la región mesopotámica con el resto del país. Une las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con la de Buenos Aires, con un recorrido que sigue mayormente en líneas generales la margen este de la totalidad del tramo argentino del río Paraná. Tiene una extensión de 1.560 kilómetros, totalmente asfaltados.
En tanto, la ruta 14, denominada José Gervasio Artigas, nace en la localidad de Ceibas, provincia de Entre Ríos, en confluencia con la Ruta Nacional 12, y en su camino bordea al río Uruguay culminando en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones.
Es una de las más transitadas del país, al ser el punto de entrada para el tráfico comercial desde el Brasil.
El concesionario CRUSA dijo que cobra menos del 30% del valor contractual, lo que impide el mantenimiento adecuado, el pago de salarios y compromisos financieros, mientras otros concesionarios han recibido subsidios.
Explicó que eso representa riesgos para la seguridad vial: “La falta de ajustes tarifarios y la negativa del Gobierno a renegociar el contrato han deteriorado el corredor, a pesar de las advertencias de CRUSA a las autoridades“, indicó la compañía en un comunicado.
Ante la falta de ingresos y apoyo estatal, la empresa demandó al Estado y se vio obligada a iniciar un concurso preventivo en 2023, homologado en agosto de 2024, publicó la agencia de Noticias Argentinas.
Como el decreto 28/25 establece una nueva licitación sin regularizar la concesión actual, CRUSA exige un acuerdo transaccional que permita cumplir sus obligaciones y evitar la quiebra.
