A través de una pista, la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años visto por última vez hace casi seis meses en el paraje El Algarrobal, Corrientes llevó a las autoridades hasta los pasos fronterizos que conectan Misiones con Brasil. Ahí se detectaron graves irregularidades en los controles migratorios y aduaneros, revelando un preocupante nivel de vulnerabilidad en la zona.
La jueza federal Cristina Pozzer Penzo, a cargo del Juzgado Federal de Goya, ordenó un análisis detallado de los registros en los pasos internacionales de San Antonio y Comandante Andresito, puntos claves por los que Loan podría haber sido trasladado a Brasil. Sin embargo, las primeras indagaciones pusieron en evidencia un manejo deficiente de los sistemas de seguridad en estos cruces.
De acuerdo a lo que informó el diario Clarín, uno de los principales problemas detectados fue la falta de disponibilidad de imágenes de las cámaras de seguridad. Estas solo almacenan grabaciones por un período limitado, lo que imposibilitó obtener datos críticos de los días posteriores a la desaparición del menor.
Además, en el paso internacional de San Antonio se documentaron más anomalías. Según publica el mismo medio, una noche de septiembre Gendarmería y personal de Migraciones permitieron el ingreso irregular de al menos 15 vehículos desde Brasil fuera del horario habilitado, que es de 7 a 19. Este cruce se realizó sin controles efectivos y con un registro de tan solo 31 personas en el sistema, cifra que no corresponde a la cantidad de vehículos observados.
El procedimiento irregular fue cuestionado incluso dentro de los organismos implicados. La Aduana de Bernardo de Irigoyen, alertada por los hechos, rechazó inicialmente la solicitud de Gendarmería para autorizar el ingreso fuera del horario permitido.
Sin embargo, la fuerza avanzó en su decisión de abrir el paso, acción en la que habrían intervenido personas vinculadas a la Dirección Nacional de Migraciones y con lazos familiares con figuras políticas locales.
Imágenes de los incidentes muestran a menores de edad cruzando la frontera sin ser identificados, un hecho que pone en jaque la eficacia del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU).
De acuerdo a Clarín, el caso habría llegado hasta la responsable de las aduanas del interior del país. Lejos de hacer la denuncia y abrir una investigación, ascendió al jefe de la Aduana de Irigoyen al cargo de director regional. A su antecesor lo relevaron sin asignarle nuevas funciones.
(Fuente: Clarín)
