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El FMI patea cualquier definición hasta abril

El Fondo le presentó a Javier Milei dos condiciones que debe cumplir antes de desembolsar cualquier monto adicional a los US$ 45 mil millones que le entregó a Mauricio Macri. Debe conseguir el aval del Congreso para nuevos endeudamientos y realizar cambios estructurales para evitar una corrida cambiaria. El ejecutivo confía que Trump apoyará envío de dólares frescos.

9 diciembre, 2024

Diplomáticamente, el FMI le dejó claro al equipo económico argentino que las posibilidades reales y rápidas de un acuerdo entre el país y el organismo financiero internacional, que incluya dinero concreto de liquidación, están lejanas.

Al menos en el mediano plazo. Y que habrá que esperar para obtener más dólares de deuda que se sumen a los US$ 44.800 millones que el país ya debe por el Stand By firmado entre 2018- 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, reciclado en un Facilidades Extendidas firmado en marzo 2022 durante la gestión Alberto Fernández (con tres revisiones técnicas) y en el acuerdo actual cerrado en enero de este año.

Así se lo dejó claro días atrás el responsable del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu; empoderado por la número dos del organismo, la norteamericana Gita Gopinath, quien ejerce el verdadero poder de policía en las negociaciones con el gobierno de Javier Milei, al trío presente en Washington formado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning.

Para el FMI, el país debe cumplir con dos requisitos innegociables y complicados para el gobierno de Milei. Aún más complejos para lograr las metas de equilibrio fiscal, emisión monetaria e incremento de las reservas del Banco Central; tres cuestiones donde el libertario y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, parecen tener la pelota dominada.

Las dos obligaciones que Cubeddu dejó claro fueron que cualquier acuerdo que implique un mayor endeudamiento por parte de la Argentina deben ser aprobado por ley; y, luego, avalado por el Board del FMI. La segunda, cambios estructurales reales en la economía argentina, incluyendo el mercado cambiario local, donde para el FMI aún hay mucho para trabajar.

La teoría del “padrino”

Según Milei, las dos condiciones son alcanzables; pero no en el corto plazo. Con lo que para un nuevo acuerdo de largo plazo con dólares frescos desde el organismo, habrá que esperar ¿Cuánto? Primero, a la asunción de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos del 20 de enero próximo; ya que en teoría el “padrino” del acuerdo y el impulsor de los votos en el Board del FMI será el republicano, aliado, se supone, incondicional del argentino en el máximo órgano de conducción política del Fondo.

Una vez con Trump en el poder y con dominio de la situación internacional, aún le faltará a Milei un paso complejo: que el Congreso apruebe el nuevo endeudamiento. Es la misma condición que Kristalina Giorgieva le impuso a Martín Guzmán para el acuerdo de 2022, y que derivó en la crisis terminal en la relación de Alberto Fernández y el kirchnerismo, con la negativa de Máximo Kirchner a apoyar la iniciativa y a la curiosa alianza con los diputados del entonces unido Juntos por el Cambio, quienes le dieron los votos al anterior gobierno para que el Stand By sea sancionado en el Congreso.

Supone Milei que tendría los apoyos para la aprobación, pero que deberá tomarse su tiempo para negociar. Y que, en consecuencia, será un trámite parlamentario que deberá esperar a las sesiones ordinarias de 2025, que comenzarán recién el 1° de marzo. Para el FMI, los tiempos cierran.

Sería un acuerdo estrella para presentar en el primer evento importante del organismo del próximo año: la Asamblea de Primavera del FMI de abril 2025. Esto es, dentro de cuatro meses.

¿Financiar una corrida?

Mientras tanto, si Argentina quisiera que técnicamente se apruebe un acuerdo con más dinero sobre la mesa, debería ejecutar medidas efectivas en su sistema cambiario.

Cubeddu y los técnicos del FMI se mostraron ante Daza, Quirno y Werning asombrados por la caída de los dólares blue y financieros, pero aún consideran que hay problemas de tipo de cambio.

Tanto de retraso como de restricciones operativas, vinculadas con las trabas para acceso y salida de divisas del mercado y de las fronteras financieras del país. Hablando más concretamente: con el cepo.

Se llega ahí a una paradoja: Argentina considera que para abrir el cepo se necesita el dinero del FMI.
El Fondo cree que no puede otorgar dinero en estas circunstancias sin quedar a salvo de que no se financiará una corrida; con lo que primero se debería actualizar el tipo de cambio para luego abrir el grifo de dólares.

En otras palabras, el FMI insiste en que Argentina debe liberar su tipo de cambio, y, obviamente, devaluar. Precisamente lo que el ministro de Economía descartó el jueves pasado en Córdoba. Otra vez, Argentina confía en la fecha mágica del 20 de enero, el día en que Trump vuelva a la Casa Blanca.

Criterio de prioridades

Quieren Milei y Caputo que el Fondo les dé la oportunidad de conseguir los casi US$ 11 mil millones que se le reclaman al organismo, demostrando que funciona la idea de una mejora de la competitividad a partir del respeto del crawling peg al 2% mensual (puede cambiar tenuemente hacia arriba o hacia abajo); con una inflación que, aseguran en el gobierno libertario, se mantendría en un promedio de 2% mensual. O menos.

Se respetará la estrategia de apertura del cepo según los criterios que considere el Ejecutivo y el Palacio de Hacienda, siempre que el ritmo hacia delante sea de liberación y no dependencia. En palabras menos ideologizadas, que el cepo se vaya desmantelando y no profundizando o manteniendo.

El criterio de prioridades sobre los rubros económicos donde se flexibilizará el acceso a las divisas quedará a criterio del gobierno argentino, pero en este caso ambos coinciden. Antes que nada, se priorizará la apertura del cepo para la producción y la posibilidad de giro al exterior de las ganancias locales.

Esto normalizará totalmente el acceso a los dólares para los importadores, no solo para las PyMEs (que según el oficialismo ya están casi al día), sino también para las grandes compañías. Por lo demás, acepta el FMI, que la posibilidad de poder comprar dólares para el público en general para atesoramiento o turismo continuará trabada. Por bastante tiempo más.

Esto incluye el mantenimiento de algún tipo de impuesto a consumo de dólares por tarjetas o vías digitales; con un nivel de costo similar al actual. Esto es, unos US$ 1.600 pesos.

En esto coinciden tanto el Fondo como el gobierno criollo: no es tiempo de salida masiva de dólares para turismo u ahorro popular. Menos a este valor, que, para ambas partes, es barato.

Desde el FMI se aceptarán estas políticas que no están en la carpeta clásica de las revisiones técnicas e históricas del organismo. Mucho menos en la cabeza del salido de la discusión, el director gerente para el hemisferio occidental Rodrigo Valdes.

Proyección

Mientras tanto, el Ministerio de Economía está cerrando los números de 2024. Para poder comenzar a proyectar hacia delante, necesitaba tener un noviembre fiscalmente amistoso. Y lo tuvo.

Según los datos oficiales, el superávit financiero (con el pago de intereses de deuda) acumulado al décimo mes del año alcanzó el 0,5% del PBI; lo que implica unos US$ 2 mil millones; mientras que el primario (recaudación sobre gasto) se ubicó en unos US$ 8 mil millones, acercándose al 1,8% del PBI.

Confía el Ministerio de Economía que la tendencia continuará en diciembre (mes incluso siempre complejo en el rubro gastos), con lo que el primario superará el 2,1% del PBI y que el financiero se ubicará en el 0,6% del PBI.

No habrá problemas en mostrar un resultado final en sintonía con el FMI, con datos fiscales oficiales similares a los de la salida de la convertibilidad. Los que, se promete, volverán a repetirse en 2025.

En paralelo al acuerdo 2025, Caputo busca cerrar 2024 lo antes posible. Los tiempos se aceleran, pero igual hay esperanzas antes de enero. Lo que podrá anunciarse en las próximas jornadas es la aprobación de los períodos abril- junio (novena revisión) y julio- septiembre (décima). Hay solo un problema por resolver.

Argentina sobrecumplió las metas de superávit fiscal primario de ambos períodos, y no tendrá problemas en lograr el objetivo anual de un 2,1% de ahorro entre recaudación y gastos. Incluso puede mostrar el Ministerio de Economía un superávit financiero (primario menos el pago de deuda corriente) entre enero y septiembre de un 0,45% aproximado. Esto es, unos US$ 2.500 millones. Un hecho inédito de 2003 a 2005, con Roberto Lavagna como ministro y con un país en default.

También puede mostrar el gobierno argentino un cumplimiento estricto en cuanto a la emisión monetaria, donde hasta septiembre el resultado es cero. Justo lo que pide el FMI.

Donde habrá que pedir un waiver, tal como adelantó este medio, es en la acumulación de reservas. A septiembre, el número comprometido ante del FMI estuvo entre 1.000 y 2.000 millones abajo.

Un número comprensible, y una meta incompleta en vías de recuperación en el último trimestre del año, vía blanqueo. Según asegura el Palacio de Hacienda, para fin de año los US$ 8 mil millones de recuperación de reservas del BCRA estarían cerca de lograrse.
Y, si no es así, será por poco.

 

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Tags: abrilDefiniciónFMIJavier MileiLyuis "Toto" Caputo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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