El Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 7, a cargo de Miguel Mattos, resolvió elevar a juicio la causa contra dos referentes docentes, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, por su participación en el corte de la Avenida Uruguay, ocurrido entre mayo y junio de este año en Posadas. Ambos enfrentan cargos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal” por los hechos ocurridos durante el acampe docente en reclamo de recomposición salarial.
La decisión se produce en respuesta al pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal, quien argumentó que la etapa de instrucción debía considerarse cerrada.
En su resolución, con fecha de pasado el 9 de octubre, el magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de los docentes, quienes sostenían que el ejercicio de la protesta social debía contar con una especial protección. Por el contrario, argumentó que las acciones derivadas del acampe en la avenida constituyeron “hechos delictivos” que causaron perjuicios al funcionamiento del tránsito en la zona.
Mattos consideró que la protesta afectó la circulación en una de las principales arterias de la ciudad y reiteró la responsabilidad penal de los imputados como coautores.
La causa fue remitida al Juzgado Correccional y de Menores N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, donde Gurina, Secretaria General de la CTA A Misiones, y Sánchez, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM), deberán responder por los cargos.
“El misionerazo”
Los hechos se remontan a las jornadas de reclamo conocidas como “el Misionerazo”, una serie de manifestaciones impulsadas por sectores docentes no alineados con el Gobierno provincial, quienes exigían aumentos salariales junto a Policías y otros sectores estatales.
La protesta incluyó un acampe en la Avenida Uruguay, donde los docentes instalaron carpas durante varias semanas, hasta que la medida fue levantada el 4 de junio, tras un acuerdo con el Gobierno y dos órdenes judiciales de desalojo. Además, posteriormente llegó la citación a declaración indagatoria de los referentes sindicales.
