La fuerte caída en la vacunación infantil del calendario obligatorio, es otra de las graves consecuencias en la salud pública que dejó la pandemia de COVID-19 que asoló a la Argentina.
Lamentablemente, el cuestionamiento a la eficacia y necesidad de la inmunización contra el coronavirus se vio trasladada a la oposición a hacerlo contra muchas otras enfermedades que, sin cobertura sanitaria, puede causar la muerte de embarazadas y de bebés.
De las 16 vacunas que deben darse en la Argentina, ninguna logró abarcar a la totalidad de la población objetivo. En los vacunatorios, cuando los padres se acercan para consultar, se cuestiona hasta el origen de las dosis que se aplican, que ellos mismos recibieron y por lo cual pudieron llegar hasta la edad adulta.
Un reciente informe advirtió desde organizaciones como UNICEF, las consecuencias que esto tendrá en la población en unos años. Algo que las familias no miden cuando toman la decisión de no vacunar a sus hijos.
Un ejemplo es la cobertura con la vacuna BCG solo alcanzó al 69% de la población objetivo. Esas dosis previenen las formas graves de tuberculosis como por ejemplo la meningitis u osteomielitis y se deben aplicar en niñas y niños recién nacidos. Es solo una dosis, antes de egresar de la maternidad.
Como ese caso, hay más que cubren la inmunidad sobre otras enfermedades. ¿Es solo Argentina? No, por eso el sarampión ha regresado con brotes en los países limítrofes, poniendo en riesgo a nuestra población que, sin vacuna, ya se mostró vulnerable a contraer la enfermedad en varias provincias.
No es fácil apelar a una actitud solidaria cuando los antivacunas han instalado fuerte su postura. La propia vida se encargará en adelante de clarificar la eficacia.
