La disputa entre la Asociación Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga de Posadas y el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) comenzó hace bastante por la falta de pago del alquiler del inmueble que pertenece a la residencia, pero en los últimos días escaló a un nivel increíble.
En su perfil de Facebook, el presidente de la primera entidad, Alejandro Horacio Miravet, relató que el ICRA se conectó de forma clandestina a la red de agua que suministra el servicio a la residencia.
Miravet, en su escrito, contó que: “La Fundación Siembra/ICRA no quiere estar a derecho, cosa que sí exige, lógicamente, a los padres con el pago de cuotas, etc”.
Relató que “como a los administradores de Siembra les pareció que el costo del agua que consumían era alto, en su momento resolvieron dejar de pagar la cuenta, con medidor que está a nombre de la Asociación Civil Isabel Llamosas de Alvarenga (todo ello, sin comunicar fehacientemente a la locadora). Pasado un tiempo (excesivo) SAMSA, la prestadora, cortó el suministro”.
“En lugar de ir a pagar la cuenta (que nos perjudica), Fundación Siembra se ‘colgó’ de una instalación del Hogar de Niñas, que sí funciona porque contamos con otro medidor, porque pagamos ese consumo”, siguió el presidente del Hogar.
Aunque para Miravet “lo grave del asunto es que hicieron la operación en medio de la noche, subiendo a los techos del Hogar y realizando conexiones clandestinas, lo que generó mucha inquietud en la celadora nocturna, pues las niñas se asustaron por los movimientos en techos y medianera, donde trabajaron entre las 21:00 y las 23:30 del martes 2 de julio de 2024. Tal situación, a todas luces irregular, provocó que la celadora llamara al 911 y solicitara ayuda policial. Llegada una patrulla, una persona negó que estuvieran haciendo trabajo alguno. Retirados los efectivos policiales, alrededor de las 22:00, siguieron taladrando y picando paredes como si nada y realizando conexiones, ocultos en la noche”.
“Dada la situación, alrededor de las 23 recibo estas novedades y me presenté en el lugar. Una persona que no quiso identificarse no negó esta vez la realización de los trabajos y con un cinismo pocas veces visto, me mandó a pagar mejor la cuenta de SAMSA, además de amenazarme gestualmente con un teléfono móvil encendido, haciéndome notar que alguien más escuchaba nuestra conversación. Me trató como si fuera un intruso en la propiedad que nos pertenece, cuando esas personas son las intrusas y con un juicio de desalojo. Volví a llamar a la Policía, a los efectos de lograr que cesaran los trabajos de obra en un horario insólito y para tranquilizar a las niñas que estaban al cuidado de la celadora en el Hogar”, afirmó el hombre.
Y agregó que “ante esta actitud mía (y con los ánimos bastante caldeados), el grupo (tres personas, todas sin identificar), salieron rápidamente y se marcharon sin mediar más palabras. De verdad, la situación, por lo insólita y enajenada, me quitó el sueño”.
Miravet en su texto comentó que preside la Asociación Civil Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga, que administra la residencia infantil del mismo nombre en la ciudad de Posadas. “Allí albergamos durante el ciclo lectivo a dos decenas de niñas no judicializadas que proceden de familias que están por debajo de la línea de pobreza. A esas niñas, con edades entre 6 y 18 años, se las contiene de lunes a viernes, durante el ciclo lectivo, brindándoles alojamiento, cuatro comidas diarias, vestimenta escolar y de calle, útiles de estudio, libros, fotocopias, apoyo escolar, asistencia espiritual, actividades de danza, gimnasia, esparcimiento, etc., con el propósito de ayudarlas a que puedan superar la pobreza estructural y tengan mejores perspectivas futuras”, sostuvo.
Además, aclaró que los “ingresos proceden de un subsidio absolutamente devaluado (lo percibimos con 12 meses de atraso) y de la renta que procede de locales propios en alquiler. Los dos más importantes se alquilaban hasta diciembre de 2022 a la Fundación Siembra, que administra la institución educativa Instituto Cristiano de la República Argentina, con sedes de nuestra propiedad en Catamarca 40 (junto al Hogar de Niñas) y Entre Ríos 2.452”.
En el texto, el titular de la residencia de niños remarcó que “todavía no encuentro explicación a la conducta de personas que se niegan a respetar las normas de convivencia y ética comercial existentes y de cumplimiento obligatorio. Se han encaprichado en seguir como okupas de dos valiosas propiedades, ocasionado un daño patrimonial importante, pero, además, una afectación directa al servicio que brindamos a personas que están en la línea de miseria. Menos aun comprendo cuando son personas responsables de la educación de cientos de niños desde hace más de 25 años. Predican una cosa y hacen otra, todo bajo una pátina de humanismo cristiano que desdibujan con sus conductas enmarcadas con desprecio, hipocresía y cinismo”.
“Desde el Hogar de Niñas Isabel Llamosas de Alvarenga seguiremos hasta las últimas consecuencias para lograr Justicia ante nuestra demanda y hasta que estas personas (que no pueden exhibir un contrato de locación lícito) se avengan a respetar lo que contribuye al desarrollo armónico de una sociedad”, manifestó Miravet.
Pedido de desalojo
Cabe recordar que la Asociación dueña de la propiedad inició en abril un juicio de desalojo al colegio y ahora se suma un nuevo enfrentamiento. En esta línea, desde la Asociación narraron que las personas a cargo de la institución cristiana fueron “citados en tres oportunidades entre los meses de octubre y noviembre de aquel año para negociar el nuevo contrato de alquiler, pues vencía con una cláusula muy especial: de no renovación”, porque se buscaba “revisar las condiciones, pues eran a todas luces desventajosas para la Asociación Civil propietaria y se debían aprobar nuevas cláusulas”.
Sin embargo, añadieron que “nunca se presentaron y siguieron como si nada, pese a los permanentes llamados a conversar sobre tan relevante asunto: que una institución pública de gestión privada, con fuerte subvención estatal, tuviera en orden un tema referido nada menos que a su locación”.
Por esta situación, en marzo de 2023 se inició el juicio de desalojo del colegio.
