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Violencia por motivos de género: desmantelamiento de 40 años en 6 meses

Políticas del Gobierno nacional en materia de género y diversidades.

29 junio, 2024

La violencia por motivos de género es una práctica que, lamentablemente, persiste en sociedades de todo el mundo. Se manifiesta de diversas formas y afecta de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTI+. Este tipo de violencia, en sus múltiples facetas, socava los derechos humanos fundamentales y perpetúa la desigualdad. En este contexto, surge la necesidad imperante de comprender qué implica esta forma de violencia, cómo identificarla y qué acciones tomar frente a ella.

En este breve texto, exploraremos qué constituye la violencia por motivos de género, sus manifestaciones, así como los recursos disponibles para las víctimas y testigos. Además, reflexionaremos sobre el panorama actual de las políticas de género en nuestro país y la importancia de asignar recursos adecuados para abordar este desafío con la seriedad y la urgencia que merece.

¿Qué es la violencia por motivos de género?

La violencia por motivos de género es una práctica estructural que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales. La violencia por motivos de género afecta gravemente a mujeres y personas LGBTI+. Se produce cuando sufren algún tipo de discriminación, agresión, hostigamiento o degradación por su identidad de género, expresión de género u orientación sexual.

¿Qué es la violencia contra las mujeres y personas LGBTI+?

Violencia contra las mujeres y personas LGBTI+ es cualquier conducta (una acción, un insulto, una actitud, un silencio o una falta de colaboración) que produzca un daño a la persona por el solo hecho de ser mujer o persona LGBTI+. Puede darse en los más variados ámbitos y circunstancias: familiar, laboral, institucional, político, en espacios públicos (acoso), obstétrico, etcétera. Así también, no incluye únicamente la violencia sexual o física, sino también: económica, simbólica, psicológica, incluyendo prácticas como micromachismos o discriminación.

¿Qué se puede hacer en caso de ser víctima o testigo de un hecho de violencia por motivos de género?

En primer lugar, si sos víctima o testigo de un hecho de violencia de género (o que implique algún tipo de violencia o abuso contra las infancias), podés comunicarte con las líneas 144 y 137 que funcionan las 24 horas, los 365 días del año para recibir la contención y el asesoramiento de especialistas, que te indicarán cuáles son los pasos a seguir, de qué manera podrás resguardarte a vos y a tu/s hijos/as en caso de que los tengas, entre otras cuestiones. Asimismo, tanto si sos víctima, representante legal de un menor, incapaz, anciano o persona con discapacidad que está imposibilitado de accionar por sí mismo o sos testigo de un hecho de violencia, podés denunciar presencialmente en cualquier comisaría, comisaría de la mujer, y/o en la fiscalía de instrucción en turno más cercana a tu domicilio.

Deberás concurrir con tu DNI o documento que acredite tu identidad, el trámite es gratuito y podrás solicitar con tu denuncia que se tomen las medidas de protección y asistencia necesarias. La denuncia la podrás realizar, aunque haya pasado tiempo desde que el hecho de violencia ocurriera. No es obligatorio concurrir con un abogado, pero en caso de que lo prefieras, podrás contar con asistencia letrada. Si buscas asesoramiento en particular, podrás acercarte al Centro de Acceso a la Justicia de tu localidad.

¿Cuál es el panorama actual respecto de las políticas de género en nuestro país y el futuro de estas líneas de asistencia y organismos que actualmente se ocupan de las cuestiones de género y diversidad?

Nos encontramos atravesando un momento crítico en materia de políticas públicas para la protección integral de los derechos de NNyA, mujeres y diversidades, especialmente aquellas víctimas de violencia sexual y/o de género. A la fecha, muere una mujer cada 37 horas en nuestro país. Por otro lado, se ha prohibido la perspectiva de género en toda la administración pública conforme comunicado de prensa del 27 de febrero y en concordancia con la resolución del 23 de febrero también de este año, el Ministerio de Defensa de la Nación había resuelto lo mismo, desterrando toda posibilidad de contar con una mirada que cuestione y modifique los roles de género. Organismos internacionales y ONG como Amnistía Internacional o Fundar, han registrado en el primer bimestre de este año, una reducción del 33% en el gasto para las políticas públicas nacionales que apuntan a la reducción de la desigualdad, una reducción presupuestaria del 65% del Programa Acompañar y de la Línea 144, el cierre del Programa Registradas que impulsaba la formalización de trabajadoras de casas particulares y que, entre 2021 y 2023, había registrado a 34.235 empleadas domésticas y dentro del proyecto de Ley Bases aprobado el día 13 de junio en el Senado, el Ejecutivo impulsa una reforma laboral que sin dudas, aumentará la brecha de desigualdad para las trabajadoras.

Finalmente, luego de pasear de cartera en cartera, sin presupuesto ni acciones definidas, el Gobierno ha ordenado el cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género (lo que quedó del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad), además, del cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia en lo que va de las primeras dos semanas de junio de este año. Es decir que, en seis meses, enfrentamos el desmantelamiento de más de 37 años de luchas, políticas y conquistas de género en nuestro país.

En conclusión, implementar protocolos de actuación frente a situaciones de violencia, brindar capacitaciones en la Ley Micaela al personal de entidades gubernamentales, establecer líneas de atención y desarrollar programas de acompañamiento para mujeres y diversidades son medidas fundamentales que demandan asignación presupuestaria. Más que un mero gasto, representan decisiones políticas destinadas a sostener acciones imprescindibles.

Es esencial recordar que Argentina ha suscrito Convenciones Internacionales que la comprometen a implementar políticas de género desde hace más de tres décadas, reafirmando este compromiso con las metas de sostenibilidad para el año 2030. Esto implica una responsabilidad no solo hacia la comunidad internacional, sino también hacia sus propios ciudadanos.

Sin embargo, la coherencia entre los compromisos internacionales y las políticas internas a menudo es cuestionada. Por un lado, se promueve la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos a nivel global, pero por otro, las acciones concretas dentro del país no reflejan este compromiso de manera consistente.

Resulta paradójico que, mientras se exige el cumplimiento de compromisos financieros con acreedores externos, se descuiden compromisos éticos y políticos fundamentales. La perspectiva de género no puede ser tratada como un asunto de negocios, sino como una obligación moral y política para garantizar los derechos humanos de todas las personas. En última instancia, la implementación efectiva de políticas de género no solo requiere una voluntad política real, sino también recursos suficientes para respaldarlas. Es una inversión en una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad humana.

FUENTES:

Guía de información sobre violencia de género. (2019, febrero 7). Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-violencia-de-genero
(S/f). Latfem.org. Comunicado. (recuperado 2024, junio 12), de https://latfem.org/wp-content/uploads/2024/06/La-proteccio%CC%81n-contra-la-violencia-de-ge%CC%81nero-es-un-compromiso-con-toda-la-sociedad-3.pdf
Inmediative, I. (recuperado 2024, junio 13). Informes – Amnistía Internacional Argentina. Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos. https://amnistia.org.ar/informes/?c=violencia-de-genero y https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2024/03/An%C3%A1lisis-100-dias-Milei.pdf
La Casa del Encuentro – www.lacasadelencuentro.org. (s/f). Lacasadelencuentro.org. (Recuperado 2024, junio 12), de https://www.lacasadelencuentro.org/nuestrotrabajo.html

Tags: Género y diversidadesJurídicos de PrimeraViolencia por motivos de género
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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