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“Sin moratoria, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no podrán jubilarse”

Andrea Falcone, abogada especializada en temas previsionales, analizó los cambios si se aprueba la Ley Bases.

28 abril, 2024

El nuevo proyecto de Ley Bases que se tratará en la Cámara de Diputados el lunes contempla la derogación de la moratoria previsional y crea la figura “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

Quienes queden debajo de esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), la cual es equivalente al 80% de la jubilación mínima ($260.141,60 contemplando el refuerzo) y no deja derecho a pensión por viudez. En mayo los beneficiarios de la PUAM cobrarán $222.113 divididos en $152.113 y $70.000 del bono que anunció el Gobierno.

Sobre ese nivel, de acuerdo a la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Ejecutivo deberá definir qué adicionales percibirán sobre ese piso.

Según la abogada especializada en temas previsionales Andrea Falcone, la derogación de la moratoria anticipada implica que 9 de cada 10 mujeres no podrá jubilarse a los 60 años y deberá esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM, en caso de no contar con aportes, o un retiro proporcional.

“Esto se debe a que solo el 10% de las mujeres logra completar los 30 años de aportes al alcanzar la edad jubilatoria”, explicó.

“Pero la finalización de la moratoria previsional no es una preocupación netamente femenina. De aprobarse la Ley Bases, 7 de cada 10 hombres tampoco podrán jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional. La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. Es la respuesta que brinda el Estado ante la falta de control del empleo ‘en negro’”, agregó.

El artículo 226 del proyecto deroga la moratoria previsional, sancionada en marzo del año pasado bajo la Ley N° 27.705. Además, el artículo 227 consignó: “Créase la Prestación de Retiro Proporcional, para aquellas personas que hubieran alcanzado los sesenta y cinco (65) años de edad y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19 Inciso “c” de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”.

“El haber mínimo para los beneficiarios de esta prestación de retiro será el establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.260 y alcanzará únicamente a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de dicha ley. El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a treinta (30) días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación”, agrega el texto de la norma.

 

Modelo francés

“Esta figura es novedosa en Argentina, aunque ya existe en otros sistemas previsionales del mundo. En Francia, por ejemplo, el número mínimo de años de cotización para tener derecho a una pensión es de 10 años. Sin embargo, esta pensión será muy baja, ya que se calcula en función de la duración de las cotizaciones. Para tener derecho a una pensión completa, es necesario haber cotizado un mínimo de 41 años y 6 meses. España y Alemania tienen un sistema similar, y además ofrecen la posibilidad de una jubilación flexible. Se permite a los trabajadores empezar a cobrar parte de su pensión mientras continúan trabajando y haciendo aportes”, dijo Falcone.

“En Argentina la compatibilidad de la jubilación con el trabajo implica que los aportes ya no se destinan a mejorar el haber jubilatorio, sino que se redireccionan para cubrir el fondo de desempleo”, agregó.

 

En números

Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), a diciembre de 2023 se registraron 5.811.099 beneficiarios titulares del SIPA, una cifra un 4,3% mayor a la correspondiente al mes de diciembre por la vigencia de la nueva moratoria en 2023.

Los beneficios previsionales administrados por ANSeS alcanzaron 7 millones (dic-23), con una variación del 3,7% i.a.

Los beneficios PUAM no suspendidos disminuyeron un 16,7% interanual, trayectoria también influenciada por la posibilidad de acceder a una prestación jubilatoria a través de la nueva moratoria.

Por otro lado, ASAP detalló que las altas de jubilaciones por vejez fueron 479.884 casos, un 35% mayor al 2022, ante la entrada en vigencia de la Ley 27.705 “Plan de Pagos de Deuda Previsional”, que quedaría derogada si se aprueba la Ley Bases. Casi el 60% de las altas de 2023 fueron mujeres con un promedio de edad de 62 años, sin la moratoria, y de 61 años, con moratoria.

“El 85.2% del total de dichas altas fue a través de moratoria. Se estimó que en el período 2018-2022 el promedio de años con aportes (computados a partir de 1994) fue de 12 años, para el Régimen General. En el año 2023, con vigencia de la moratoria, fue de 8 años (25 para casos sin moratoria y 5 para casos con moratoria)”, concluyeron.

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Tags: JubilacionesLey "Bases"Moratoria previsional
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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