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Doce años de prisión por matar a su exempleado y arrojarlo a un pozo

Juan Grdeñ, de 74 años, fue condenado ayer por el Tribunal Penal de Oberá y cumplirá sentencia con prisión domiciliaria. El ministerio público fiscal había pedido una condena de 16 años y la defensa, la absolución.

23 marzo, 2024
LUGAR. La chacra en San Vicente donde hallaron el cuerpo de la víctima.

LUGAR. La chacra en San Vicente donde hallaron el cuerpo de la víctima.

En la audiencia final que duró menos de dos horas, ayer condenaron por “homicidio simple” a Juan Grdeñ (74) a la pena de 12 años de prisión y le notificaron que podrá mantenerse con arresto domiciliario por cuestiones de su edad y enfermedad.

El tribunal presidido por Francisco Aguirre secundado por los vocales Francisco Paniagua y Amado Carvallo, coincidió de forma unánime que durante el proceso judicial no quedaron dudas respecto a la autoría del crimen por parte del expatrón de Marcelo Antúnez Sequeira (33), asesinado a golpes y arrojado a un pozo en San Vicente.

En el debate se ventiló que Antúnez Sequeira fue llevado por su expatrón el 4 de enero de 2021 para una “changa” y nunca más se lo vio con vida hasta que cuarenta días después encontraron su cuerpo adentro de un pozo de 12 metros de profundidad en la chacra de un familiar del ahora condenado.

Ayer, durante el alegato del fiscal subrogante Rodolfo Andrés Cáceres, consideró que no había dudas respecto a la autoría del homicidio por parte del acusado y que los motivos serían por una relación conflictiva desde hace tiempo atrás, que incluso había derivado en que Antúnez Sequeira dejara de trabajar en la chacra, al menos de manera permanente, sí a modo de “changas”.

Cáceres solicitó una pena de prisión de 16 años y coincidió con la decisión final de los jueces, en que debía cumplirse en el domicilio fijado por el encartado en San Vicente. Sin embargo, la condena fue de cuatro años menos, pero sí podrá cumplirla en su domicilio, medida que cumple hace dos años y medio.

La defensa, a cargo del abogado David Rodrigo Mousquere, planteó la absolución por no hallarse acreditado según el expediente que el nombrado haya matado y arrojado a un pozo a su exempleado.

OBERÁ. El juicio oral y público se desarrolló en dos audiencias en el Tribunal Penal 1 de la Capital del Monte.

Los magistrados tras un breve cuarto intermedio autorizaron a la lectura del fallo por parte de la secretaría del tribunal y en la misma se confirmó la pena de 12 años de prisión domiciliaria por considerar autor del delito “homicidio simple” a Juan Grdeñ en perjuicio de Marcelo Antúnez Sequeira.

El 13 de febrero de 2021 Marcelo Antúnez Sequeira fue encontrado muerto en un pozo para agua de la chacra perteneciente al yerno del acusado, justamente donde tenía que hacer trabajos de limpieza supuestamente encargados por Grdeñ.

El cuerpo estaba debajo de troncos y piedras. Policías trabajaron varias horas para extraerlo. Familiares de Antúnez lo reconocieron por un tatuaje.

La lectura de los fundamentos del fallo fue fijada para el jueves 11 de abril a la 12 en la sala de debates del Tribunal Penal 1 de Oberá, situado sobre la calle Maipú al 270 de la Capital del Monte.

Prisión domiciliaria
El colono actualmente tiene 74 años y cumplirá la condena tal cual lo hace desde mayo de 2021 en el domicilio fijado en San Vicente. En su momento le otorgaron el beneficio tras contagiarse de COVID y por su enfermedad coronaria.

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Tags: homicidio simpleJuan GrdeñMarcelo Antúnez SequeiraSan Vicente
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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