Impulsado por las necesidades de caja y a golpe de decreto, el presidente Javier Milei avanza en su pelea con las provincias, estableciendo en la práctica una dinámica de autonomías que nada tiene que ver con darle pelea a la casta, tal cual expresaba mientras estaba en campaña.
En la vereda contraria están hoy los gobernadores, quienes buscan abroquelamientos impensables meses atrás producto de los severos ajustes de la Nación y de las abultadas deudas de las provincias.
El enfrentamiento, que llega ya a los fueros judiciales, tiene un final más que abierto, pero claramente el daño volverá a ser patrimonio exclusivo de la sociedad que, durante los últimos lustros y gracias a las visceralidades dirigenciales, vio como la pobreza crece y se la deglute sin pausa y en volúmenes escandalosos.
A estas alturas ya no hay conciliación posible y solo resta ver el alcance de los daños que repercutirán directamente en las economías familiares.
Está claro que en esta contienda ambos aseveran tener la razón, pero más allá de la carga de la culpa, es necesario comprender que romper un país que aún hoy debate entre federalismo y centralismo tendrá consecuencias irreversibles.
