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Repartidores de delivery en Misiones, entre la precariedad laboral y las tensiones con AFIP

El Estado intensifica esfuerzos para reclasificarlos como empleados en relación de dependencia y los trabajadores enfrentan temores ante una incierta encrucijada laboral.

5 noviembre, 2023
RECATEGORIZACIÓN. La Administración Federal de Ingresos Públicos impulsa cambios para llevar a los repartidores a la formalidad.

RECATEGORIZACIÓN. La Administración Federal de Ingresos Públicos impulsa cambios para llevar a los repartidores a la formalidad.

En medio de un contexto de creciente tensión entre la AFIP y las apps de delivery, alrededor de 250 personas que trabajan en la plataforma digital Pedidos Ya en Posadas están atentas a la situación.

A medida que la AFIP intensifica sus esfuerzos para reclasificar a los repartidores como empleados en relación de dependencia, los trabajadores de estas plataformas enfrentan una incierta encrucijada laboral.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, repartidores de Pedidos Ya de la capital provincial compartieron sus experiencias laborales y sus perspectivas sobre la situación actual. Aunque prefirieron mantener su anonimato, sus relatos ofrecen un vistazo a la realidad de los repartidores en la ciudad.

Muchos de estos repartidores utilizan la aplicación para generarse un ingreso extra a sus actividades, ya que, al no contar con un contrato en relación de servicio, tampoco se ven obligados a cumplir objetivos o un tiempo de trabajo diario mínimo.

“A nosotros nos pagan un monto fijo por cumplir ciertas cosas en un envío: un monto por ir al comercio, otro monto por ir al domicilio, otro monto por kilómetro recorrido, otro monto si es noche o fin de semana. Y todo lo que hagamos nos pagan los jueves”, detallaron.

Esta estructura de pago variable, basada en tareas y condiciones específicas, es común en muchas aplicaciones de entrega y a menudo es motivo de disputas entre los repartidores y las empresas.

“El modelo freelance nos da la ventaja de poder trabajar cuando queremos y ganar lo que queremos. Cada vez que le solicitamos aumento a la empresa no es que la estemos culpando de precarización, solamente que se actualicen nuestras ganancias. En todo el único responsable de la destrucción de los salarios es la inflación y el responsable de la inflación es el Gobierno”, afirmaron.

A nivel nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha estado impulsando la recategorización de los repartidores como empleados en relación de dependencia, argumentando que deben cumplir con las cargas sociales. Esta lucha legal entre la AFIP y las empresas se ha intensificado en los últimos meses.

La agencia recaudadora sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales, mientras que las empresas argumentan que son autónomos y monotributistas, lo que implica que cada uno debe asumir sus respectivos aportes.

Es por este motivo que el organismo nacional está enfocando sus esfuerzos en detectar a empresas que contratan a monotributistas como trabajadores habituales, en lugar de eventuales.

El ente recaudador también ha denunciado a plataformas digitales por deudas de aportes y contribuciones, lo que impacta directamente en las condiciones laborales de los trabajadores.

Sin embargo, los repartidores aseguran que, aunque esta situación los excede, constantemente es tema de debate entre colegas y la mayoría prefiere mantener las cosas como están. “Pero es lo que opinamos desde siempre, aparte un montón estamos en situación de que trabajábamos a veces, como yo, que me sirve para ganar unos mangos extra de lo que hago en mi otro trabajo”, señalaron.

En ese sentido, su mayor temor ante esta intervención reguladora, es que el servicio pierda recursos humanos o, en el peor de los casos, desaparezca. “Que blanqueen no significa que todos van a estar en blanco, significa que de los 300, con suerte 50 van a estar con todo lo que exige y el resto afuera”.

Según fundamentaron los trabajadores, la regularización de la actividad contemplaría que se trabaje bajo horario establecido, eso dejaría afuera a muchos que solo trabajan media jornada por contar con otros empleos, por estar estudiando o que están en busca de otras ofertas laborales.

“Tampoco estamos de acuerdo en ser manejados por las mafias sindicales y que ellos se lleven el fruto de nuestro esfuerzo. A mi parecer y el de muchos, cuanto menos intromisión del Estado mejor”, agregaron.

“Somos todos monotributistas, nuestro contrato es una mera formalidad, no van a poder reclamar nada ni nada”, afirmaron descubriendo una perspectiva arroja luz sobre una realidad en la que la mayoría de los repartidores operan como autónomos, sin los beneficios y derechos laborales asociados a la relación de dependencia.

 

Relación con la empresa

“Tenemos una coordinadora pero casi no nos comunicamos con ella, no nos presta atención”, advirtió el repartidor. Su testimonio destaca la falta de interacción y apoyo por parte de la empresa, lo que se asemeja a una de las principales quejas planteadas por los trabajadores de estas aplicaciones.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. El modelo freelance genera condiciones polémicas.

En cuanto al proceso de contratación, el repartidor explica: “Para incorporarte, vos te postulás por una página web, cargás tus datos y los de tu vehículo. Y ahí cuando se abre una solicitud en Posadas te llaman y te mandan las cosas para trabajar”.

Esta descripción resalta la autonomía de los trabajadores en la gestión de su labor, una característica que defienden las empresas como argumento para no considerarlos empleados en relación de dependencia.

 

Los seguros

Respecto al tema de seguros, se expresaron diferentes opiniones respecto a la cobertura del mismo y la respuesta por parte de la empresa.

“Tenemos un seguro que se llama Mecubro, pero es muy específico. Hace mucho no veo la cobertura, pero en una época lo que te cubría más que nada era la incapacidad o muerte”, comentó uno de los repartidores que aseguró sufrir un accidente, sin daños mayores, y no recibir ningún tipo de respuesta del seguro, ni de la empresa.

Caso contrario fue el de otro que sí tuvo respuesta del seguro, aunque usó la obra social del monotributo para su tratamiento de fractura de tobillo, que sufrió durante sus tareas. “Una vez dado de alta y presentado toda la documentación solicitada el seguro contratado por Pedidos Ya me indemnizó con $120 mil pesos. No sé si fue mucho o poco, pero considerando que no sufrí ningún tipo de lesión permanente se puede considerar justo”, afirmó.

Aunque durante su recuperación tuvo que hacerse cargo de todos los gastos médicos, a través de la obra social y con ahorros personales. “No fue problema en su momento porque tenía ahorros pero no sé cómo lo hubiese podido manejar otra persona en una situación más complicada”, expresó.

En medio de esta creciente controversia, los repartidores de aplicaciones de delivery en Misiones y en toda Argentina alegan encontrarse en una situación de incertidumbre laboral.

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Tags: Administración Federal de Ingresos Públicos AFIPConflictodeliverymotomandadosRecategorización
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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