Las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria de la Cámara de Diputados de la Nación volvieron a reunirse el jueves con el objetivo de presentar el nuevo texto de la ley de “Desarrollo Agroindustrial”, que se encuentra en discusión hace dos años y que forma parte de un reclamo de los productores y empresarios del campo de todo el país. No se aprobó y seguirá el dictamen por decisión de la mayoría en tratamiento.
Con el nuevo texto, argumentaron que se busca un alto nivel de consenso para luego convocar a los diputados de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y trabajar en la elaboración del correspondiente dictamen que permita en abril el debate en el recinto.
Mientras tanto, el campo sigue esperando su tratamiento en un momento donde la sequía causa pérdidas escandalosas.
“Es una ley que no soluciona los problemas del campo y la agroindustria, pero es un primer paso”, coincidieron el titular de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile, y de la comisión de Industria, Marcelo Casaretto.
El diputado Héctor Cacho Bárbaro (FdT) dijo a PRIMERA EDICIÓN que no entiendo “porqué demoramos tanto si estamos supuestamente todos de acuerdo”.
“Con la burocracia que tenemos le terminamos dando la razón a (Javier) Milei cuando dice que la casta no hace nada. Tendríamos que haber aprobado el dictamen y aprobar la ley”, se quejó durante la comisión.
La normativa, impulsada por el Gobierno nacional tras un trabajo conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino, se denomina “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable”. El objetivo central es aumentar la inversión, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, mejorar la productividad y la calidad de las mismas mediante una mayor industrialización, y procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado.
A su vez, plantea potenciar la producción de los alimentos procesados, de las actividades agroforestales, y las nuevas tecnologías y servicios para el agro.
Las modificaciones previstas de acuerdo a lo que presentó el diputado Marcelo Casaretto, involucran desde la resistida creación de un nuevo registro para otorgar los beneficios del régimen hasta la ampliación de plazos, amortizaciones y la valuación de la hacienda.
