El asesinato de la posadeña Natalia Castro, por el que está detenido en un hospital su expareja, tiene muchas respuestas que conseguir de la investigación judicial, en manos del juez de Instrucción N°3 de Posadas, Fernando Verón, quien se encuentra de turno en medio de la feria judicial.
Este femicidio, que abrió la trágica estadística del año en esta materia, trajo nuevamente a debate una serie de aristas vinculadas a la protección de las víctimas de violencia (impedimentos de acercamiento perimetrales que en la práctica poco se respetan, botones antipánico ineficientes por razones de conectividad, denuncias no escuchadas tanto en sede policial como judicial de personas que viven amenazadas por sus agresores, etc).
También, vale la pena que la comunidad sepa que la Justicia misionera está muy alejada de la transparencia informativa que la sociedad merece tener. No solo con homicidios como estos, sino de su accionar en general.
A diferencia de otros distritos o de la misma Corte Suprema de Justicia, no existe información en línea al alcance de los ciudadanos sobre el trámite de las causas o de la mayoría de las sentencias de los juzgados o tribunales inferiores; o de los acuerdos del Superior Tribunal.
Hace unos años ya, se sancionó en la Legislatura provincial una norma que daba pie a la apertura informativa digital de la Justicia misionera. Aún se espera que el STJ se ponga a trabajar en algo tan esperado.
Hay magistrados que se sienten molestados, que amenazan con medidas judiciales a los trabajadores de los medios de comunicación que indagan o buscan saber cómo avanzan los trámites de las causas. Hay camaristas que impiden la presencia de la prensa en debates judiciales. Y hay jueces que apelan al ya lamentable dicho que “el juez solo habla por sus sentencias”.
Detrás de cada “secreto de sumario” hay familias, hay conocidos, hay ciudadanos esperan conocer cuánto de justicia conseguirán las víctimas ante tanto silencio.
