El gobierno de Pedro Castillo decretó un toque de queda este martes 5 de abril en la provincia de Lima y su vecina Callao, en respuesta al paro de transportistas que cumple una semana y en el que cuatro personas han muerto y otras 20 han sido detenidas producto del recrudecimiento de las protestas.
Las protestas y bloqueos se originaron el pasado 28 de marzo en respuesta al alza de los precios del combustible. Iniciaron protagonizadas por los transportistas, pero luego se sumaron otros gremios de trabajadores. Las restricciones comenzaron a las 2 de la madrugada de este martes y se extenderán hasta las 23.59 del mismo día.
“El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovibilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 23:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”, dijo el presidente peruano, Pedro Castillo, en una alocución poco antes de la medianoche.
Además, decretó el estado de emergencia tanto en Lima como Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.
El anuncio sorprendió a los casi diez millones de habitantes de Lima y a gran parte de la ciudadanía, ya que, al comunicarse, muchas personas ya descansaban.
Los exentos de la norma incluyen al personal de servicios de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transportes de carga y mercancías. Además, solo se permite la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa debidamente acreditada, así como la movilización para la atención de urgencias médicas.
“Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”, concluyó el presidente Castillo.
La medida generó rechazo de inmediato. La opositora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, afirmó en Twitter que Castillo ”no puede impedir el funcionamiento del Congreso” de acuerdo a la Constitución.
Incluso la congresista Sigrid Bazán, de la coalición Juntos por el Perú, habitual aliada del Gobierno, se dirigió al presidente para señalar que “siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacabable, que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias”.
La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima durante este martes.
¿Qué motivó esta medida?
En un intento por apaciguar las protestas, el gobierno eliminó el impuesto al combustible durante el fin de semana, reportó la agencia AFP. Pero en la manifestación del lunes, los camioneros y los conductores de vehículos de transporte de pasajeros volvieron a salir a las calles.
Varios incidentes violentos, incluyendo la quema de casetas de peaje en carreteras, saqueos de tiendas y enfrentamientos entre manifestantes y policías, ocurrieron en diferentes zonas de Perú en el primer paro de este tipo que enfrentó el gobierno de Castillo.
Las protestas se recrudecieron y, según el gobierno, por lo menos cuatro personas murieron como consecuencia de estas. Otras veinte personas fueron detenidas por los disturbios provocados en once regiones del país que presentaron cortes del transporte terrestre.
“El paro no está sucediendo sólo aquí, es en todo Perú”, dijo un manifestante no identificado en la sureña localidad de Ica, citado por la agencia Reuters.
Los disturbios estallaron la semana pasada, cuando agricultores y transportistas bloquearon algunas de las principales rutas hacia Lima, lo que generó un súbito incremento en los precios de los alimentos.
El gobierno respondió este fin de semana con la propuesta de eliminar la mayoría de los impuestos al combustible en un intento por bajar los precios, al mismo tiempo que elevó el salario mínimo por casi 10%, a 1.205 soles mensuales, unos 332 dólares.
Castillo justificó su orden de inamovilidad debido a los “hechos de violencia que algunos grupos quisieron crear” con el bloqueo de carreteras.
Al mismo tiempo que pidió “calma” y “serenidad”, el mandatario reconoció que la protesta social es un derecho constitucional, señaló que debería hacerse “dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas, así como la propiedad pública y privada”.
Las protestas fueron el golpe más reciente al asediado gobierno de Castillo, que fue elegido con amplio apoyo campesino, pero que vio su popularidad descender dramáticamente, aún en las regiones rurales.
Fuente: Medios Digitales
