El Gobierno anunció el año pasado que trabajaba en un proyecto de modificación de la actual Ley de Alquileres, vigente desde 2020. Sin embargo, desde la oposición pedirán una sesión especial para lograr directamente su derogación, por sus efectos negativos en los precios de los alquileres y en la oferta de propiedades.
A esta iniciativa, se suma un nuevo proyecto de ley, que será presentado el viernes por el diputado José Luis Gioja, que incluye fijar topes a los precios y la posibilidad de implementar un impuesto a la vivienda ociosa, que dependerá de cada jurisdicción.
En ambos casos, reconocen que la ley vigente (27.551) no cumplió con las expectativas y empeoró la situación de los inquilinos. Según confirmaron fuentes del interbloque de Juntos por el Cambio, su idea es solicitar una sesión especial para votar la derogación de la ley actual, con fecha tentativa para el próximo 5 de abril. Sin embargo, aun están trabajando en convencer al resto de la oposición para asegurarse el quorum.
Juntos por el Cambio cuenta con 116 diputados y necesitaría otros 13 opositores para alcanzar el número requerido. La propuesta es ir por la derogación de la ley -y no por una suspensión-, volver por un tiempo a la legislación anterior y, más adelante, discutir una nueva propuesta.
Los diputados de la oposición consideran que suspender la ley genera problemas, especialmente por la incertidumbre de firmar contratos con una ley suspendida. Buscan convencer a los ocho diputados del Interbloque Federal y a los cuatro del liberalismo (entre ellos José Luis Espert y Javier Milei), entre otros.
Por otro lado, este viernes está previsto que el diputado José Luis Gioja presente el proyecto de una nueva Ley de Alquileres, en el que viene trabajando desde el año pasado. La propuesta se armó con varios objetivos: no aceptar peores condiciones para los inquilinos que las que están plasmadas en la Ley 27.551; tender a un mercado inmobiliario más transparente; y un abordaje integral del derecho a la vivienda, más allá de la Ley de Alquileres.
Por eso, el proyecto apunta a un Programa Nacional de Viviendas con un sistema de gestión pública de alquileres regulado por el Estado. Entre los puntos del proyecto, que está en la parte final de la elaboración, se mantiene la duración actual de tres años para los contratos y se mantiene la actualización anual, como dice la ley vigente.
Sin embargo, propone una regulación del precio de alquileres, con la fijación de “topes” y con índices de actualización que no impacten de lleno en los bolsillos de los inquilinos y que no afecten a los locadores. Aunque el tema aún no está cerrado, es probable que el proyecto incluya un límite de actualización para los alquileres iniciales, cuando haya que hacer el ajuste anual previsto por la ley actual.
