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El Gobierno y el FMI alcanzaron un acuerdo por la deuda

3 marzo, 2022
FMI-Alberto Fernández y Kristina Georgieva

DIÁLOGO. Fernández y Georgieva se reunieron recientemente en Roma.

FMI-Alberto Fernández y Kristina Georgieva

El Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron este jueves que llegaron a un acuerdo con técnico para refinanciar el crédito de 45.000 millones de dólares que tomó la administración de Mauricio Macri, un avance que cierra la negociación de la deuda externa de la Argentina.

“El Gobierno argentino cerró el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional y se enviará el proyecto de ley al Congreso”, ratificó un comunicado del Palacio de Hacienda. Luego el propio organismo que conduce Kristalina Georgieva confirmó el cierre en un comunicado propio publicado en su página web

La nota emitida por el organismo internacional señala que el acuerdo “tiene como objetivo proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos mediante la implementación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales esenciales“.

“El acuerdo a nivel de personal aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que ha sido informado informalmente sobre los elementos del programa propuesto“, aclara.

Por su parte, el Ministerio de Economía afirmó que este acuerdo alcanzado apunta a “seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”.

El Gobierno acordó refinanciar la deuda con un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” (EFF, según sus siglas en inglés) a diez años, con un período de gracia que cuatro y años y medio hasta 2026 durante los cuales la Argentina no deberá hacer pagos netos al FMI. El dinero que llegue de Washington se utilizará para pagar los vencimientos previstos en el acuerdo que firmó Macri.

En la comunicación oficial el Gobierno se comprometió a mantener un aumento “moderado” del gasto en términos reales, una reducción gradual del déficit y la emisión, a tener tarifas “razonables” y negó una reforma jubilatoria. Se ratificó el sendero de reducción del déficit fiscal primario que el ministro de Economía anunciara semanas atrás. El Fondo afirmó que se logró un programa “pragmático y realista”, y dijo que el programa busca una mejora “creíble” de las finanzas públicas.

Además, el monto del acuerdo, implica que el Fondo devolverá desembolsos que hizo el Gobierno, incluido los fondos que el FMI distribuyó por la pandemia del coronavirus.

 

La semana que viene, a Diputados

Ahora el Gobierno nacional enviará al Congreso el acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó a las autoridades de los bloques que la idea del oficialismo es votar la iniciativa en el recinto el jueves o viernes de la semana que viene. Una vez que el acuerdo sea ratificado por el parlamento, deberá ser aprobado por el board del Fondo, controlado por las potencias del G7.

Durante el cónclave que tuvo lugar en el Salón de Honor de la Cámara baja, se definió el cronograma de reuniones de la comisión de Presupuesto y Hacienda -la única que recibió giro para el tratamiento- de la semana que viene, y los expositores invitados que disertarán en cada jornada.

En lo que será una semana de hiperactividad en Diputados, los miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda escucharán el lunes desde las 14 al ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán; al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos; al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y al secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

El debate continuará el martes a las 14:00 con las exposiciones de representantes de centrales obreras y de movimientos sociales, y también de entidades empresariales como la UIA, ADEBA, CGERA y APYME, entre otras.

Ese día también está previsto que concurran gobernadores para participar de las deliberaciones, al tiempo que el presidente y el vicepresidente primero de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (PRO), quienes serán las voces cantantes del oficialismo y la oposición durante el debate, se reservan la posibilidad de agregar invitados a propuesta de los presidentes de bloque.

El miércoles será el turno del debate propiamente dicho de diputados y diputadas de la comisión, que intercambiarán posturas hasta agotar el debate y finalizar con la firma del dictamen.

Si el debate llegara a alargarse en exceso y no hubiera tiempo para que todos los miembros de la comisión den sus puntos de vista, podría haber un cuarto intermedio y reanudar el jueves próximo.

Fuente: NA, Télam y Medios Digitales

Tags: #AcuerdoFMI#economíaDeuda argentinaFMI
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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