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Reclaman aumentos para el gas en garrafas: “estamos operando a pérdida”

21 febrero, 2022
Imagen ilustrativa

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Garrafa de gas de 10 kilos con envío a domicilio casi duplica su precio

Las fraccionadoras nucleadas en la Cámara de Empresas Argentina de Gas Licuado (Cegla) aseguraron que las garrafas que se venden en el país son unas de las más baratas de la región y que con los precios actuales “están operando a pérdida”.

Según aseguraron desde la entidad, en la actualidad una garrafa de 10 kilos cuesta en promedio $424, mientras el valor de venta es de 236 pesos. “Tenemos una estructura de costos que no puede ser cubierta con esos importes. Necesitamos que el precio de referencia para el fraccionado y para las otras etapas se actualice cada seis meses, de acuerdo a lo que establece la Ley 26.020″, reclamó el presidente de la entidad, Pedro Cascales.

Los reclamos de Cegla por falta de rentabilidad de las compañías no son nuevos. La situación financiera de sus asociados, dice, “es extremadamente delicada; de seguir con este difícil presente se afectará a los actores de la industria, pero, además, y principalmente, se perjudicará a los usuarios consumidores”.

A mitad del año pasado la Secretaría de Energía emitió una resolución fijando una Asistencia Económica Transitoria (AET) para operadores de gas envasado. Consistía en el reconocimiento del 20% de la facturación en concepto de ventas que hayan registrado mensualmente empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras para el período agosto-diciembre de 2021 por el producto destinado al Programa Hogar, el plan oficial de subsidio a las garrafas. “Con el comienzo del nuevo año esta medida quedó sin efecto. Con el agravante de que sólo algunas empresas cobraron la AET de septiembre 2021 y nada de ahí en adelante”, aseguraron desde la cámara.

Las empresas asociadas a Cegla reclamaron al Gobierno que actualice el precio de referencia del gas licuado de petróleo para cubrir costos y recuperar rentabilidad. Cascales explicó: “Exigimos que los valores de referencia sean dictados y ajustados a los costos operativos, a la rentabilidad mínima necesaria y al criterio técnico, en respeto a la legislación vigente y a las necesidades de calidad y seguridad de nuestro mercado”, y agregó: “Somos un gran dinamizador de la industria e invertimos mes a mes más de $1.100 millones en bienes de capital”.

En la comparación regional, Cegla mostró que el valor actual de la garrafa en la Argentina (4,76 dólares) es uno de los más bajos junto a los de Bolivia (USD 3,3) y Ecuador (USD 1,1). Esos dos países tienen un precio al consumidor con una alta carga de subsidios. El valor es mucho menor al que tienen otros países como Paraguay (10,1 dólares), Perú (11,8), Colombia (12,4), Uruguay (13,4), Brasil (13,6) y Chile (21,5).

La institución también equiparó el gasto en otros bienes de consumo masivo. “Un kilo de yerba o un aceite de girasol de 1,5 litros cuestan $400, en promedio. En una panadería de barrio el kilo de pan se consigue a unos $300. A su vez, una gaseosa de 2 litros vale $180. Y si se va en auto al supermercado a buscar esos alimentos o a adquirir la garrafa, con el reciente incremento de la nafta se necesitarán $4.500 para llenar un tanque de 45 litros en la Ciudad de Buenos Aires”, ejemplificaron. “La garrafa es un energético de uso extendido en toda la Argentina y más económico que los otros disponibles”, destacó Cascales.

Además, la entidad comparó el aumento concedido al precio del GLP con la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), señalando que este último aumentó 72,5% entre octubre de 2020 y el más reciente aumento, mientras el precio máximo para el gas fraccionado está fijado desde junio de 2021 en $ 236, habiendo aumentado así un 27,6% respecto de octubre de 2020, y 20% en el caso del precio final al público.

Según Cegla, el sector de gas envasado da empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas y “abastece con altos estándares de eficiencia a más de 5 millones de hogares con un combustible ecológico, 100% nacional y que es fundamental para el entramado del país”.

Fuente: Infobae

Tags: #CEGLAAumentosGarrafasGas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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