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Sueño Seguro, la nueva versión del plan Qunita

15 febrero, 2022

El Gobierno nacional se prepara para relanzar Sueño Seguro, un programa inspirado en el Plan Qunita, que contempla la distribución de los primeros 14 mil kits de cunas para bebés de hasta 6 meses, confeccionados por personas privadas de la libertad.

“14 mil kits para Sueño Seguro, elaborados por personas privadas de la libertad del Servicio Penitenciario Federal, para bebés de hasta 6 meses priorizando criterios sanitarios. Un programa que protege a quienes más lo necesitan, que genera trabajo e inclusión, que amplía derechos de nuevo”, publicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en su cuenta de Twitter.

La ministra publicó fotos junto a los internos del penal de Marcos Paz, que realizaron las cunas, en el marco de una visita que realizó junto a su par de la cartera de Justicia, Martín Soria.

14 mil kits para Sueño Seguro, elaborados por personas privadas de la libertad del @SPFArgentina, para bebés de hasta 6 meses priorizando criterios sanitarios.

Un programa que protege a quienes más lo necesitan, que genera trabajo e inclusión, que amplía derechos de nuevo.❤️ pic.twitter.com/DZzZUR1M01

— Carla Vizzotti (@carlavizzotti) February 15, 2022

En tanto, en el Boletín Oficial de hoy, se publicó la Decisión Administrativa 175/2022, que lleva la firma de Vizzotti y el jefe de Gabinete, Juan Manzur; que aprueba la contratación directa para la adquisición de 14.000 kits de cuna-moisés y accesorios, que se realiza en el marco del Plan de los 1000 días que ofrece asistencia durante el embarazo y los primeros tres años de vida de niños y niñas.

La iniciativa se basa en el programa Qunita, que había sido lanzado durante el gobierno de Cristina Kirchner, luego fue suspendido durante la gestión de Mauricio Macri y llevado a justicia, pero en 2021 todos los acusados fueron sobreseídos.

En el artículo 2 de la norma publicada hoy, se adjudica la contratación directa a favor del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal, ya que detenidos en cárceles federales se ocuparán de la fabricación de los kits.

La operación será por un monto de $277.200.000, al tiempo que la norma faculta a la ministra para la “ampliación, disminución, resolución y rescisión respecto de la Contratación Directa Interadministrativa”.

El monto de la compra se “imputará con cargo a las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud”, aclara el texto.

Entre los considerandos se detalla que el fin de la contratación es “reducir las muertes infantiles domiciliarias y contribuir tanto a la salud física y mental”.

También busca el “pleno desarrollo del lactante, en el marco de la Estrategia Nacional de Sueño Seguro del Lactante en virtud del “Plan 1000 días”, lanzado por las autoridades.

El Plan Qunita

El Plan Qunita, una de las más emblemáticas políticas de inclusión social del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue puesto en marcha en 2015 para evitar la mortalidad infantil por colecho.

En los seis meses que funcionó el plan nacional lanzado por la entonces Presidenta de la Nación para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 (un 60 por ciento del total repartido) fueron entregados a las familias.

Durante el gobierno de Cambiemos, al compás del retiro del Estado en el diseño de las políticas públicas, esta y otras iniciativas fueron desactivadas sin más y otras quedaron reducidas a su mínima expresión.

El kit diseñado por el fallecido joven Tiago Ares, en base a un modelo creado en Finlandia, estaba compuesto por un moisés de fácil armado, un conjunto de ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos, pero el objetivo central era reducir el colecho, que se produce principalmente en hogares humildes, donde habitualmente el bebé duerme con los padres, lo que en ocasiones ha causado muertes por asfixia.

Una vez asumido el gobierno de Cambiemos, la Justicia dispuso la suspensión del reparto de ese beneficio en las maternidades y meses más tarde ordenó al Ministerio de Salud la destrucción de los moisés y sacos de dormir que había en stock, medida que no se llegó a concretar por una intervención de la propia justicia.

El sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito, en julio de 2021, volvió a visibilizar el programa. El Tribunal Oral que debía juzgar a 18 procesados por supuestos delitos en el programa sobreseyó a todos los acusados, al hacer lugar a un pedido fiscal por inexistencia de delito.

La medida de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a exfuncionarios kirchneristas, como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak, entre otros, y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit. Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el juez Claudio Bonadio.

El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un contundente dictamen de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, quien demolió la denuncia original de la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y -en base al análisis de dos pericias contables- concluyó que no hubo perjuicio para el Estado, aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr “un comienzo de vida equitativo”.

En agosto del año pasado, el Plan Qunita fue rescatado y relanzado en la provincia de Buenos Aires, durante un acto encabezado por la hoy Vicepresidenta y el gobernador Kicillof.

En ese lugar, Cristina Kirchner contó que fue para ella “uno de los programas más caros” a su corazón durante su Presidencia, pero afirmó que esta reedición le gusta “más” que la de 2015, porque “va a garantizar el control prenatal” desde el primer trimestre.
“Siempre se puede mejorar”, señaló en ese momento la Vicepresidenta al destacar las mejoras que se agregaron al sistema en su versión bonaerense.

Fuente:Télam 

Tags: Kits de cunasPlan QunitaPrograma Sueño Seguro
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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