Caciques de 17 comunidades mbya guaraní de Misiones encabezaron este viernes una asamblea general en el marco de su organización tradicional y el Ñande Reko del Pueblo Guaraní donde manifestaron el apoyo a la nueva directora de Asuntos Guaraníes y reclamaron participar en forma activa y constructiva en las tomas de decisiones y ejecución de las políticas públicas y proyectos para el pueblo mbya.
La asamblea fue convocada al cumplirse un año de la destitución de Arnulfo Verón al frente de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, un reclamo que los caciques sostuvieron por más de dos décadas.
El Consejo de Caciques, máxima autoridad del Pueblo Guaraní, quedó constituido ayer en esta reunión que tuvo lugar en la comunidad Marangatú, ubicada en Puerto Leoni, liderada hoy por Francisco Ramos, hijo del fallecido líder mbya y cacique general Lorenzo Ramos. Participaron los caciques y autoridades tradicionales de las comunidades Yovy, Ñamandú, Guavirá-Mi, Azul, Yypora, Leony Tabay, Ka’aguy ‘Yvaté, Yyporá, Yvyrá Poty, El Pocito, Ñande Ch yeté- Virgen María, Andresito, Pindopoty, Marangatú, Mbocajaty, y Tajy Poty. También los integrantes del grupo de trabajo “Organización Aty Marangatú”; encargada del diálogo político y cogestión entre el pueblo mbya y el Gobierno de Misiones.
Elogio a la gestión de Silvero
Los caciques realizaron una evaluación general del primer año de gestión de Norma Silvero como directora provincial de Asuntos Guaraníes y destacaron “su buena predisposición al diálogo y la solución de los distintos problemas de las comunidades”.
Coincidieron además en “el profundo cambio realizado en la Dirección de Asuntos Guaraníes, donde se ha dado una apertura al diálogo y la participación de las autoridades indígenas en la definición de las políticas públicas hacia el sector de parte del Gobierno provincial”.
Diálogo político
El Consejo de Caciques destacó además la importancia de los trabajos realizados por la organización Aty Marangatú en relación a establecer un diálogo político permanente con el Gobierno provincial, a través del diálogo directo con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y los distintos ministros del Poder Ejecutivo.
Reconocieron también el avance de la propuesta de la coordinación provincial para participar en forma activa y constructiva en las tomas de decisiones y ejecución de las políticas públicas y proyectos para el pueblo mbya.
Diez coordinadores
No obstante, se pidió al Gobierno de Misiones el inmediato dictado de un Decreto Provincial que le dé el marco jurídico, acorde a lo establecido en la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso17); la Ley 24071 (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) y la Ley Provincial VI N° 37; a la Coordinación Provincial en Políticas Públicas para el pueblo guaraní; con la designación de los diez coordinadores indígenas del pueblo mbya y la creación de la Subdirección de Asuntos Guaraníes a cargo de una persona mbya elegida por una Asamblea General de Comunidades Indígenas de Misiones.
Los diez cargos mencionados ya fueron designados en la asamblea del Aty Marangatú, en forma conjunta con el Gobierno provincial, el pasado 25 de febrero de 2021; cuya acta debe formar parte del Decreto.
Simultáneamente, los caciques reclamaron la asignación de los recursos económicos, a través del Fondo del Pueblo Guaraní, u otras afectaciones presupuestarias que haga el Poder Ejecutivo, “para el buen funcionamiento del Consejo de Coordinación Provincial en Políticas Públicas para el pueblo guaraní”.
Derogación del Decreto 917
El Consejo de Caciques solicitó ayer la derogación del Decreto 917 que reconoció al Consejo de Ancianos y Guías Espirituales como órgano representativo del Pueblo Mbya Guaraní, “por considerar que el mismo no responde a nuestras formas de organización tradicional y nuestro Ñanderekó”.
En cambio, se demandó el reconocimiento de la Coordinación Provincial Aty Marangatú como al Consejo de Caciques del pueblo guaraní “como actuales y legítimos órganos representativos y de participación y consulta indígena en el Gobierno de Misiones (Ministerio de Gobierno y Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes); conforme a las normas constitucionales y leyes nacionales y provinciales de derechos indígenas”.
Y puesto que “es la continuidad histórica de nuestra organización política tradicional”.
