Corría febrero de 2002, en plena debacle económica y política en Argentina, y la Justicia misionera lo sentía con un recorte presupuestario que la hacía más lenta y kafkiana de lo que tenía acostumbrada a la ciudadanía.
Pero un episodio resume en pocas palabras lo que ocurría en aquellos tiempos. Fue el primer debate del año en el Tribunal Oral Penal 1 de Posadas, iniciado el miércoles 6 de febrero de hace 23 años contra un agricultor acusado de abusar de una niña de 11 años con retraso madurativo, cuatro años antes en Leandro N. Alem.
Como cuestión preliminar, la fiscal Liliana Mabel Picazo y el defensor oficial Julio Lenzken solicitaron al tribunal la suspensión del juicio por no contar con las fotocopias del expediente, aunque en forma unánime los tres jueces rechazaron el planteo.
Pero los problemas estaban recién por comenzar: para el mismo día se esperaba la llegada de testigos claves que residían en Alem. Todos, de condición humilde, faltaron a la cita en Posadas por no contar con el dinero para viajar.
De todas formas era imperioso que esas personas llegaran y declararan en el debate, por lo que dos días más tarde, el viernes 8, se articuló a través de la Policía de Alem -que no tenía combustible para realizar los traslados- el uso de un colectivo que llevara a los testigos hasta la ahora ex Garita del Kilómetro 10 de la ruta nacional 12.
Pero a partir de allí las personas citadas debieron recurrir a aventones para llegar al Juzgado, en la calle San Martín de Posadas.
De esta forma pudieron declarar y colaborar en que se impartiera justicia contra Guillermo W. (42), quien recibió la pena de diez años de prisión por el ultraje cometido contra una nena de 11 años -con severos daños neurológicos- en la madrugada del 21 al 22 de octubre de 1998.
Si no fuera por la actitud de la policía para conseguir un transporte con combustible y por la infinita paciencia de la sociedad, seguramente la Justicia habría sufrido un duro revés.
Pero la dificultad en el traslado de testigos y la falta de fotocopias no eran los únicos males que aquejaban a los estrados misioneros hace 20 años: en esa misma época, los dos tribunales penales de Posadas estaban incomunicados por una deuda con la prestataria telefónica, que les había cortado el servicio tanto para llamar como para recibir llamados.
“No podemos comunicamos con la Policía para hacer comparecer a los presos, tampoco podemos emitir faxes con oficios y todo ello incide en las diligencias judiciales”, confiaba a PRIMERA EDICIÓN en ese entonces una fuente tribunalicia.
