Por Paco Del Pino
Ayer, como cada 18 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional del Migrante, establecido por la Organización de las Naciones Unidas hace 20 años para “promover una gestión humana y ordenada de la migración en beneficio de todos”.
Según cifras de la propia ONU, se estima que unos 281 millones de personas (el 3,6% de la población mundial) viven fuera de su país de origen, ya sea de forma voluntaria o forzosa, como resultado de desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza extrema o conflicto, cuya magnitud y frecuencia no dejan de aumentar.
No cabe duda de que la migración internacional es un fenómeno en aumento y -aunque muchos gobernantes y sociedades no estén de acuerdo- la ONU se empeña en remarcar que el impacto de este fenómeno “puede contribuir de forma positiva al desarrollo de los países de origen y los países de destino”, siempre y cuando se respalde con políticas adecuadas.
Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para las sociedades en todo el mundo. Para muchos migrar ha sido la expresión valiente de la determinación individual para superar la adversidad y buscar una vida mejor en un contexto de incertidumbre, urgencias y complejidades.
Sin embargo, para que este fenómeno pueda contribuir en forma positiva, se debe ampliar horizontes y mirar como hermanos a quienes vienen o van en busca de mejores oportunidades y protección, ya sea para ellos mismos o sus familias.
“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”, reza el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hacer efectivos todos estos derechos, a veces, genera conflictos. No todos los entendemos de la misma manera, nuestras escalas de valores difieren y solemos quedarnos entrampados en polarizaciones debatiendo qué derecho debe prevalecer.
Así, cuanto más crece el fenómeno, más crece también el miedo atávico en el seno de las comunidades no migrantes (receptoras o de tránsito). Entonces, los gobiernos gastan millones en asegurar con dispositivos legales, militares, electrónicos, administrativos y barreras físicas que las personas no puedan transitar en busca de su lugar de destino.
Como consecuencia, quienes deciden huir de los países donde su existencia está en riesgo -por violencia generalizada, persecuciones, hambrunas y otras situaciones- son revictimizados en su proceso migratorio por actuaciones desproporcionadas de autoridades de control, seguridad y administrativas; pero también de organizaciones criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes para fortalecer sus redes de comercio de personas, narcotráfico, explotación sexual o laboral y otros tipos de esclavitud moderna.
También están presente los robos, atracos, confiscación de sus pertenencias, documentos de identidad, violencia institucional y psicológica. Todo ello por la falta de “vías de escape” seguras y legales para quienes las necesitan por uno u otro motivo.
Latinoamérica es uno de los ejemplos más crudos de esta fragilidad migratoria: la frontera entre México y Estados Unidos es la más conocida de las barreras, pero no la única ni la más dramática. Centroamérica, Venezuela, Colombia son otros graves ejemplos. Así surgió la idea de implementar una “visa de movilidad humana” en el continente, como herramienta para facilitar la libre circulación de personas y establecer caminos seguros para los migrantes.
Dicha propuesta, que se pretende hacer llegar al Parlamento Latinoamericano y Caribeño y que ya se puede firmar a través de la plataforma Change.org en el link https://chng.it/TndxfmdL5M, argumenta -como la propia ONU- que “una buena gestión de la migración ayudaría a que los migrantes se incorporen a las sociedades como sujetos de valor, permitiendo un ganar-ganar para ellos y para las naciones receptoras”.
“Estamos tratando de poner el acento en la necesidad de mirar la movilidad de las personas como una cosa natural, como una cosa que existe de toda la vida y que hay que proteger. En ese sentido, el pedido va dirigido al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, por más que vaya con copia al MERCOSUR, pero es que el MERCOSUR, la Corporación Andina, la Organización de Estados Americanos (OEA) y tantos otros priorizaron la movilidad de los capitales y no la movilidad de las personas, por eso esperamos que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño pueda rescatar la propuesta, conversarla y avanzar en ella. No importa con el nombre que venga, pero necesitamos que haya soluciones”, explica José León Toro Mejías, referente de la organización de apoyo al migrante “Arepa Viva” y una de las integrantes de la red internacional que impulsa el proyecto.
“Actualmente las rutas migratorias son muy difíciles de transitar porque son rutas que se toman para evadir los caminos oficiales o protegidos oficialmente, o sea, son rutas no autorizadas que la mayoría toma para esquivar las barreras físicas o burocráticas implementadas por los países para evitar precisamente esa movilidad humana”, plantea Toro Mejías, quien pone los dramáticos ejemplos de la selva del Darién entre Colombia y Panamá, las trochas en las fronteras de Venezuela con Colombia y con Brasil y diferentes caminos “alternativos” a lo largo de todo el continente, incluyendo el fenómeno de abordar ilegalmente el tren “La Bestia”, un carguero que atraviesa desde el Sur de México a la frontera con Estados Unidos “y que ha dejado un historial de muertes” entre los migrantes centroamericanos.
Entonces, tomando en cuenta que estas rutas son posibles precisamente porque los gobiernos no permiten un tráfico seguro de la migración, se plantea la creación de una “visa de movilidad humana que pueda otorgarse en cualquier país de este continente para todos los ciudadanos que estén en este momento en condición de movilidad o que puedan llegar a pasar a esa condición, con el fin único y exclusivo de otorgarles el derecho a la movilidad y que se eviten muchos sufrimientos que hay actualmente en los procesos migratorios”.
Ese salvoconducto sería de carácter universal, es decir, no se impondrían requisitos específicos para acceder a ella, tales como -por ejemplo- una situación política o económica determinada que impulse masivamente a una migración.
“Pudiese ser que se le dé una prioridad a los países que están en condición de movilidad forzada, como son Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, principalmente, donde hay violencia generalizada y otras condiciones que, si bien no son de guerra, están expulsando a la gente de su territorio; pero no es menos cierto que hay un crecimiento exponencial de la migración brasileña hacia Estados Unidos, de la migración ecuatoriana y de otros países hacia Europa, incluso una migración argentina también. Entonces esa movilidad tiene una cualidad ahora, pero podría agravarse en lo sucesivo por la misma situación económica y climática de América Latina, entonces puede ser que mañana los que nos estemos moviendo seamos nosotros, por eso lo que buscamos es que los gobiernos reconozcan ni más ni menos el derecho humano a la movilidad”.
“Está bien, no es un derecho absoluto -matiza Toro Mejías-, pero hay personas que van, se movilizan y aportan a otros lugares: no se puede confundir movilidad con delincuencia. Cuando la Unión Europea dice por ejemplo ‘queremos que vengan los migrantes, pero no queremos que vengan armas’, esto parece más bien una posición que induce a que hay que tener cuidado con los migrantes”, lamenta.
El venezolano afincado en Garupá (Misiones) argumenta que “hay mucha gente que tiene necesidad de movilizarse y que puede sufrir trastornos por el trato o destrato o maltrato de dispositivos administrativos en cada una de las fronteras. No digo que no haya control, lo que digo es que se permita la movilidad. ¿Cuántas personas son devueltas o retenidas en la frontera en Estados Unidos? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen más de seis meses detenidas solamente por ser migrantes, porque no han terminado de tramitar; y en todo el continente ocurren situaciones más o menos parecidas: en la frontera colombo-venezolana hay técnicamente una guerra abierta contra los migrantes”.
“Pero más allá de la respuesta dura y cruel de muchos organismos de Estado, a su vez hay organizaciones delincuentes cuya mercancía son los seres humanos: redes de narcotráfico, de explotación sexual y explotación laboral, de tráfico de personas… Muchas cosas que justamente se producen a la sombra de esas actitudes antimigratorias que tienen los estados en América Latina y el Caribe”, sentencia el referente de “Arepa Viva”.
