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Tras protestas de los mbya, pausaron la extracción de árboles en San Pedro

17 diciembre, 2021
Protestas de la comunidad mbya - Extracción de árboles en San Pedro
Protestas de la comunidad mbya - Extracción de árboles en San Pedro
UNIDOS. Desde las comunidades salieron a las rutas y se manifestaron en los principales puntos de la provincia.

En toda la provincia ayer se vivió un jornada con movilizaciones que reclamaron el respeto del territorio indígena y un cese en la tala del monte nativo.

Las protestas surgieron luego de la denuncia efectuada por la comunidad Alecrín, en San Pedro, donde encontraron más de 50 especímenes de árboles nativos cortados. Tras esto, acusaron al Ministerio de Ecología de Misiones por otorgar permisos a empresas privadas para trabajos en la selva no sólo en San Pedro sino en otros puntos como Campo Grande, en territorio de la aldea Ka’a Kupe.

En este contexto, representantes de la comunidad Alecrín, acompañados por otros mbya, se reunieron en la Municipalidad de San Pedro con el intendente, Miguel Dos Santos y autoridades del Ministerio de Ecología, la Subsecretaría de Tierras y la Dirección de Asuntos Guaraníes. Como resultado de este encuentro, hubo un compromiso de la empresa (Harriet SA) de no continuar la extracción de los árboles nativos del Lote 6 mientras avanza el diálogo para resolver el conflicto.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el cacique de la comunidad Alecrín, Sebastián Benítez, explicó que “no podemos decir que llegamos a un acuerdo, porque sabemos que la empresa quiere seguir con sus trabajos en el monte. Lo que sí hubo fue un compromiso de suspender con el corte de maderas y no van a entrar en esa zona. En este sentido, por lo menos tuvimos un mínimo logro”.

Sin embargo, aclaró que “los trabajos sólo están en pausa y desde la empresa dijeron que es por 30 días, porque ellos quieren trabajar”. Desde las comunidades “lo único que buscamos es que no se ingrese más a cortar los árboles nativos. El Ministerio de Ecología tiene que tomar cartas en el asunto y suspender este tipo de permisos”, añadió.

Benítez compartió que “de momento quedamos en realizar una segunda reunión, en fecha a confirmar. Esperamos que la próxima vez se realice este encuentro en la comunidad, porque sería mejor para nosotros. Estuvimos en la Municipalidad de San Pedro y pediremos que el ministro venga hasta Alecrín, porque nos queda bastante lejos para ir hasta allá”.

Remarcó que “nadie debe tener miedo de venir hasta la comunidad, porque no somos personas violentas, lo único que queremos es dialogar”.

Aseguró que “es necesario un acuerdo y que no se otorguen más permisos desde el Ministerio de Ecología para trabajos en territorios enmarcados dentro de la Ley 26.160 (protección territorial indígena)”.

Como parte del pueblo mbya guaraní, Sebastián Benítez, recordó que “todos los días luchamos contra el tema del desmonte ilegal”.

Acerca de la jornada provincial de lucha, contó que “las comunidades guaraníes se unieron porque pasan muchas cosas, no sólo en Alecrín. En el territorio de Ka’a Kupe actualmente están arrasando con su monte y en ese lugar ya cortaron hectáreas, no de una parte de los árboles”.

Protestas de la comunidad mbya - Extracción de árboles en San Pedro

 

En todo Misiones

A nivel provincial, hubo movilizaciones de las comunidades, tanto en la ruta provincial 13, como también una importante manifestación al costado de la ruta 7, a la altura de Ruiz de Montoya. En esta área, la comunidad Ka’aKupe lleva casi dos años reclamando por la extracción de madera de árboles nativos efectuados por la empresa CARBA.

Por su parte, el referente de las comunidades de Aristóbulo del Valle, Francisco Medina, relató a PRIMERA EDICIÓN que “estamos con las comunidades en los distintos puntos de la provincia saliendo a las rutas para reclamar por nuestro territorio relevado”. Lamentó que “tenemos en Misiones comunidades relevadas y con carpetas técnicas aprobadas, pero nunca se han respetado ni tenido reconocimiento del Estado”.

Las comunidades “tienen un uso tradicional y nuevamente las empresas llegan para cortar madera nativa”, agregó.

Asimismo, señaló que “el nuevo ministro de Ecología volvió a autorizar el corte de madera y decimos basta a los desmontes”.

En todo Misiones “queremos que se nos respete y estamos presentes para acompañar a todos los caciques y las comunidades”, añadió.

 

Capital de la biodiversidad

En comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la referente mbya, Jorgelina Duarte, cuestionó que “el Ministerio de Ecología sigue otorgando permisos para sacar madera de manera ‘legal’. Tenemos lo sucedido con la comunidad Alecrín, en San Pedro, y llevamos años con la empresa CARBA que saca madera del territorio de Ka’a Kupe, en la ruta provincial 7 en el municipio de Campo Grande”.

Desde las comunidades, resaltó que “vemos en nuestras narices que van talando los árboles y lo más indignante es que no sólo protegemos el monte para los mbya, sino por toda la humanidad. La provincia es la capital de la biodiversidad y ofrecemos hasta bonos de carbono al exterior, sin ninguna consulta a las comunidades originarias”.

Tags: aldea AlecrínJorgelina DuarteMbya Guaraníministerio de EcologíaSan PedroSebastián BenítezTala de árboles
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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