La dictadura militar más sangrienta que padeció la República Argentina, entre los años 1976 y 1983, dejó un legado de sangre, horror y ansias de justicia.
Raúl Alfonsín, el presidente que asumió democráticamente, el 10 de diciembre de 1983, luego de la barbarie, tuvo la misión de hallar la verdad para que las víctimas del terrorismo de estado pudieran descansar en paz y sus familias encontraran el consuelo de la Justicia.
Fue así que dicho presidente, al quinto día de ocupar el sillón presidencial, firmó el decreto 187, que creaba un organismo de investigación, el 15 de diciembre de 1983, con el objeto de desnudar ese pasado violento y hallar los rastros de aquellas personas que figuraban como “desaparecidas”.
Esa organización destinada a reunir pruebas para un futuro juicio a los violadores de los más elementales derechos del ser humano, fue la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), dependiente del Ministerio del Interior, que nació cuestionada por amplios sectores y terminó aplaudida por todos.
En efecto, muchas voces se alzaron contra la formación de esta comisión de notables, ya que sus miembros no pertenecían a la política sino a diversos sectores de la comunidad.
Los integrantes de la CONADEP eran de una moral y reputación incuestionable. Presidida por el escritor Ernesto Sábato, elegido presidente por voto unánime, la componían además Ricardo Columbres (jurista), Hilario Fernández Long (ingeniero y ex rector de la UBA), René Favaloro (cardiocirujano), Gregorio Klimovsky (científico), Marshall Meyer (rabino norteamericano), Jaime de Nevares (obispo de Neuquén), Carlos Gattinoni (pastor metodista), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Eduardo Rabossi (filósofo).
También tres diputados: Horacio Hugo Huarte, Santiago Marcelino López y Hugo Piucill.
Su trabajo dio lugar al Informe “Nunca Más”, también conocido como “Informe Sábato”, publicado por primera vez en 1984.
