La investigación del vacunatorio VIP donde se analizan la conducta del exministro de Salud Ginés González García y de otros exfuncionarios y allegados al poder por haber accedido a vacunas contra el coronavirus antes que el resto de la población, se amplió ahora a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, luego de que la Justicia ordenara analizar sus llamadas telefónicas.
La solicitud inicial corrió por cuenta del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y se hizo eco el fiscal Eduardo Taiano al solicitar la medida de prueba.
El fiscal afirmó: “Teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, este Ministerio Público Fiscal no puede descartar la participación de Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo (subsecretario de gestión administrativa), Martín Horacio Sabignoso (secretario de equidad en salud) y Arnaldo Darío Medina (secretario de calidad en Salud), por cuanto habrían tenido algún tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas vacunas contra el COVID- 19 que debían asignarse y suministrarse” según la resolución del Ministerio de Salud, que así lo disponía.
La jueza María Eugenia Capuchetti hizo lugar a su solicitud y dispuso que a los cruces de llamadas telefónicas ordenados hasta ahora que incluían al ministro González García y a sus allegados, se sume ahora la propia Vizzotti en línea con lo pedido por la PIA el resto de los funcionarios de la línea por debajo del ministro mencionados por el fiscal.
La jueza Capuchetti y el fiscal Taiano habían archivado el caso del vacunatorio VIP al entender que no había delito en que alguna personas allegadas al Gobierno hubieran recibido las vacunas mediante un circuito paralelo antes que las otras personas. Habían argumentado que si bien había una progresividad en la aplicación, las etapas podían ser simultáneas.
Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa decisión, ordenó desarchivar el caso y quienes se vacunaron sin esperar su turno y los funcionarios que permitieron estos privilegios quedaron en la mira como sospechosos de un delito penal.
En la lista de vacunados vip está el presidente Alberto Fernández, pero el mandatario está eximido de toda responsabilidad porque es indudable su categoría de funcionario esencial, dijeron fuentes judiciales al matutino La Nación, que no obstante señalaron que en esa lista hay otros funcionarios, como ministros, secretarios, legisladores, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y otros empresarios y dirigentes como el expresidente Eduardo Duhalde, su familia y el periodista Horacio Verbitsky, cuya confesión dio origen a esta causa.
En estos casos se analizará la conducta de los implicados de acuerdo con el supuesto grado de participación. Con las firmas de los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, la Cámara hizo lugar a un planteo del fiscal Rodríguez, que había cuestionado el fallo de Capuchetti.
En cuanto a los beneficiados con vacunas anticipadas y sobre quienes la jueza decidió no avanzar, el tribunal dijo: “El mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
Los camaristas afirmaron que “será necesario indagar” qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y “quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Y afirmaron: “Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación”.
También aseguraron que “es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada. Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.
Discusión ética
En la resolución de la Sala I de la Cámara ordenó que se investigue la posible discrecionalidad en la aplicación de un conjunto de vacunas.
“¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?”, consideraron los jueces.
Es decir, para los camaristas, “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
Agencias y medios digitales
