El fiscal Marcelo Colombo apeló también el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA y pidió la realización del juicio oral para determinar si hubo o no delito de su parte.
El representante del Ministerio Público consideró que la decisión del Tribunal Oral Federal número ocho al disponer los sobreseimientos “resulta arbitraria porque clausura el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público”.
Los jueces del tribunal oral -además- utilizaron una “regla procesal que no autoriza a actuar como lo hicieron”.
Para el fiscal, el tribunal evaluó elementos –entre ellos las visitas de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al expresidente Macri en fecha concomitante con la reapertura de la causa- que si bien no fueron invocados para el fallo, tuvieron influencia en el resultado.
“Es precisamente el debate el instrumento que hubiera servido para zanjar definitivamente las contrastadas posiciones que el caso ha suscitado, para adentro y para afuera del propio legajo”, afirmó Colombo.
El juicio, según su criterio, hubiera permitido responder a la pregunta: “¿Existió por detrás de la firma del acuerdo la intención de dar impunidad o de cualquier manera mejorar la situación procesal de los imputados iraníes en la causa por el atentado a la AMIA, ya sea a través del intento de levantamiento de las alertas rojas o de la creación de una comisión de la verdad para influir en la imputación?”.
Colombo pidió la revocatoria del fallo y la sustanciación del debate oral, pero no reclamó el apartamiento de los integrantes del tribunal, Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez.
No obstante, cuestionó sus actuaciones puesto que “luego de sustanciar durante tres años y seis meses la etapa preparatoria para el debate oral y público, y dictar una sucesión de actos procesales dirigidos a celebrarlo, el tribunal en pleno, sin ningún elemento de prueba nuevo y habiéndose ya superado la instancia de control, resolvió que el memorándum no era un instrumento idóneo o apto para producir una ayuda a la situación procesal de los imputados”.
“No resultaba legalmente admisible retornar a esa misma posición vencida, para decidir de antemano la suerte del caso, sin la celebración de un debate oral, público, continuo y contradictorio, que permitiera despejar aquellos extremos fácticos, cualquiera fuera la conclusión a la que finalmente se hubiera arribado”, insistió Colombo.
Causa por la obra pública
Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina planteó ayer la “gravedad inusitada” generada en el juicio por supuesto fraude en la obra pública, tras la declaración como “arrepentido” de un empresario del caso Cuadernos y reclamó en consecuencia la nulidad.
Es porque, a su entender, así lo dijo ante el Tribunal Oral Federal 2, hay posibilidades de autoincriminación a raíz de la declaración del empresario Patricio Gerbi, es uno de los “arrepentidos” del caso Cuadernos que declaró en este otro juicio.
“Hemos llegado a un punto donde, la verdad, las cosas llegaron a una gravedad inusitada”, dijo Beraldi, y agregó: “la realidad es tan palmaria que advierto que, en este caso, se ha incurrido en un procedimiento claramente inválido”.
El letrado pidió la nulidad del testimonio de Gerbi, de la empresa constructora “Coarco”, testigo citado por la fiscalía al debate en el que también se juzga al empresario Lázaro Báez.
El Tribunal compuesto por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó los planteos de nulidad al negar que haya riesgos de autoincriminación por parte del testigo. Fue así cuando la fiscalía consultó al testigo sobre las demoras en los pagos del Estado de licitaciones de obras públicas.
Las defensas luego de la intervención de Beraldi se sumaron a la nulidad solicitada. Ahora, las defensas pueden apelar la decisión del Tribunal ante la Cámara Federal de Casación Penal y teniendo en cuenta que más empresarios “arrepentidos” del caso cuadernos serán citados.
