De los cinco delitos en que está imputado el fiscal general federal Rubén Ángel González Glaría, se destacan por presunta “intervención indebida” dos causas: una por “trata y explotación laboral” que involucró al exgobernador de Misiones, Federico Ramón Puerta. La restante por “defraudación fiscal”, corresponde a la que investigó a la madre de la novia de un hijo del camarista. Ambos casos son puntos centrales que esperan respuestas en la indagatoria a la que fue citado, el lunes 18 de octubre.
Tal como lo publicó PRIMERA EDICIÓN, González Glaría (67), fiscal general federal, deberá comparecer ante el juez federal de Posadas, José Luis Casals a instancias de Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien lo investiga por la presunta comisión de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo (dos hechos)”.
Las presentaciones de Turano fueron remitidas el 21 de agosto y 16 de septiembre pasados y surgieron tras la investigación devenida de la denuncia de Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
“Trata y explotación”
González Glaría fue cuestionado por intervenir en una causa que incluía al exmandatario y exembajador en España, Ramón Puerta, quien habría sometido a trabajadores rurales (tareferos de yerba mate) a condiciones de explotación en Misiones.
De acuerdo a la descripción de Turano “la causa le correspondía a la Fiscalía Federal 2 de Posadas, a cargo de Diego Stehr, pero el fiscal González Glaría intervino y pidió el sobreseimiento de Puerta”, recurso que luego, “el Juzgado Federal de Posadas (a cargo de María Verónica Skanata), hizo lugar”.
“El 15 de mayo de 2015, Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) dependiente de la PGN sugirió al fiscal interviniente la convocatoria a indagatoria a los imputados (…) El 15 de junio la jueza Skanata decidió tener presente la solicitud efectuada”, reseñó Turano. Pero también marcó que cinco meses después, “el 24 de noviembre, Colombo le sugiere a González Glaría que solicite un pronto despacho al Juzgado Federal de Posadas sobre la situación de los imputados”.
“El 30 de diciembre, la jueza María Verónica Skanata tuvo presente el pedido”. Cuando el exmandatario provincial, Federico Ramón Puerta se presentó ante la Justicia Federal, solicitó su sobreseimiento.
Poco más de tres años después, en diciembre de 2018, el fiscal general González Glaría concluyó: “Esta Fiscalía entiende que corresponde dictar el sobreseimiento en la presente investigación por no configurarse los elementos típicos que reclama la figura del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (artículo 145 del Código Penal)”.
Turano amplió al respecto: “El doctor Diego Stehr en su declaración (en la causa iniciada por Quiroz) expresó que estaba a cargo de la Fiscalía asignada para entender en este expediente (‘trata para explotación laboral’) y que la vista por la cual se solicitó el sobreseimiento de Puerta fue contestada por González Glaría. Stehr aclaró además que eso no era usual” en la práctica judicial.
Presunta ayuda familiar
Quiroz también denunció la participación de González Glaría en una causa por “defraudación fiscal” iniciada en 2018 y que se inició también en la Fiscalía 2 de Primera Instancia a cargo de Stehr. Este expediente involucraba a la presunta consuegra del fiscal general.
El fiscal Stehr se inhibió de investigar porque una hija (Silvina Gutiérrez) de la investigada por AFIP trabaja en su dependencia como prosecretaria letrada.
Sin embargo, González Glaría no se apartó y decidió subrogar como fiscal de primera instancia, requirió la instrucción de la causa pero no registró movimientos del expediente hasta que fue archivado por la jueza federal Skanata, quien declaró “extemporánea” la última apelación realizada.
Quiroz al respecto denunció que la intervención de Glaría en este caso “fue intencionalmente tomada para que quede desierto el recurso”. Incluso empleados de la Fiscalía habrían intentado comunicarse con el fiscal general para que la firma de la presentación se realizara a tiempo, “pero no tuvieron éxito y se garantizó la impunidad de la imputada”.
Para el fiscal Turano: “González Glaría en lugar de designar a otro fiscal para subrogar a Stehr, decidió hacer lugar a la inhibición para intervenir personalmente y formular requerimiento de instrucción. Pero la denuncia y el requerimiento fueron rechazados por la jueza por la aplicación de la ley penal más benigna”.
Esto ocurrió el 20 de noviembre de 2018 y Glaría presentó la apelación seis días después, el lunes 26 a las 10.10 “cuando el plazo de gracia ya había vencido, por lo que el recurso fue rechazado por extemporáneo”.
Durante las declaraciones tomadas y los documentos recolectados por la PGN, habría quedado registrado que una hermana de la letrada Silvina Gutiérrez está en pareja con un hijo del fiscal general y residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
