Rubén Ángel González Glaría (67), quien ocupa el cargo de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esta provincia, será indagado el lunes 18 de octubre por José Luis Casals, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.
Tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, los pedidos de indagatoria fueron emitidos por el fiscal Pablo Turano, en representación de la Procuración General de la Nación, y remitidos el 21 de agosto y 16 de septiembre pasados.
Las denuncias surgieron de Marcelo Quiroz, secretario de larga trayectoria en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Y cuestiona el desempeño de González Glaría, como funcionario, con acciones directas que se encuadrarían en los delitos de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”.
“Sin control”
Pablo Turano en su requerimiento de indagatoria al fiscal general Glaría, remarca puntos centrales de la denuncia originaria del secretario Quiroz, “a quien le sacaron la función de certificar la subrogancia que venía ejerciendo (González Glaría) como Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil de Posadas (…) El motivo se lo atribuye a continuar con el acoso y maltrato en su contra (Quiroz) y además asignarle esa función a otro secretario que no tuviera posibilidad material de verificar si (González Glaría) efectivamente trabajaba y, por ende, se tenía derecho a cobrar la subrogancia. Sólo habría ido a trabajar uno o dos días a la semana”.
En abril de este año esta denuncia fue ampliada y se presentaron hojas membretadas “firmadas en blanco por el doctor González Glaría, que las dejaba para que se utilizaran en la Fiscalía de Cámara Civil en caso que resulte necesario en su ausencia, para que no se notara que no se encontraba”.
Según Turano, se incorporaron a la denuncia planillas de registros de salidas de la Argentina del fiscal general Glaría y las certificaciones de subrogancias. “Del entrecruzamiento de aquellos datos se advierte una sistemática información del ejercicio de la subrogancia en períodos en que no se habrían cumplido, pues el imputado habría estado fuera del país (…) A ello se suma que de las copias de recibos de sueldo incorporados al legajo de pruebas, González Glaría percibió el adicional por subrogancia”.
“La Nissan del fiscal”
González Glaría fue imputado por Turano en la presunta comisión del delito de “peculado” (artículo 261 del Código Penal Argentino). La denuncia apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta asignada a la Fiscalía General. “Quiroz señaló que la Fiscalía de Cámara tenía asignados dos vehículos en depósito judicial dispuestos por el Juzgado Federal de Oberá. Una camioneta Nissan Frontier (diesel modelo 2016) a la que el fiscal general puso el seguro a su nombre y los informes migratorios registraron cruces al Paraguay durante dos años.
“Del informe remitido por al Secretaría de Administración de la PGN no surge que la camioneta Nissan haya sido registrada como entregada a la Fiscalía de Cámara. Sin embargo, ese vehículo sería el utilizado por el imputado, lo que quedaría demostrado con la póliza de seguro del transporte a su nombre”.
En este punto tampoco los testimonios de dos empleados de la Fiscalía de Cámara favorecieron a González Glaría. Una testigo aportada por la defensa detalló en su declaración de junio pasado que el fiscal general conducía esa camioneta, la vio al menos durante dos años antes y que tras las denuncias el vehículo fue destinado para las labores de la Fiscalía. Un secretario de informática de la misma dependencia también fue coincidente con este relato.
Pero Turano también agregó en su acusación: “Conforme surge de las planillas aportadas por la Dirección Nacional de Migraciones, el imputado registra una significativa cantidad de cruces de frontera con el vehículo (Nissan Frontier) en el transcurso de los años 2018 a 2020”.
Restan informes
Turano también acompañó la denuncia de Marcelo Quiroz en su acusación por “violación de secretos y amenazas”, delitos endilgados en relación a un expediente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación que se inició con una presentación anónima realizada entre los años 2016-17 en la cual se le atribuía participación del imputado en la muerte de un peón de campo en una propiedad de Corrientes, “que habría sido arrollado por un avión propiedad de González Glaría”.
Quiroz asegura que “cuando el fiscal general pudo determinar que fue denunciante del hecho le mandó una persona para intimidarlo”. Sobre este punto, el fiscal Turano solicitó a las secretarías federales respectivas la existencia o no de una denuncia penal contra Rubén Ángel González Glaría.
Según la imputación
Las acusaciones al fiscal general Rubén González Glaría comprenden los siguientes delitos del Código Penal: “extorsión”, artículo 168 “reprime al que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, depositar o poner a disposición de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Es un delito de ofensa compleja (propiedad y libertad)”; “amenazas” 149 bis “reprime al que hiciera uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad” ; “fraude en perjuicio de la administración pública” artículo 174, inciso 5; “peculado”, artículo 261 “reprime al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración. Percepción o custodia le haya sido confiada por su cargo” y “funciones correspondiente a otro cargo”, artículo 246, inciso 3.
