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Visitas a Olivos: fiscal impulsó la investigación contra el Presidente

6 agosto, 2021
Alberto Fernández

DELITO. La Justicia buscará determinar si hubo una infracción a las medidas impuestas por el propio Ejecutivo.

Alberto Fernández
DELITO. La Justicia buscará determinar si hubo una infracción a las medidas impuestas por el propio Ejecutivo.

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación judicial contra el presidente, Alberto Fernández, por presunta violación a las normas sanitarias adoptadas por su Gobierno para combatir la pandemia de COVID-19, por las visitas de distintas personas a la Residencia de Olivos.

La causa se inició el 2 de agosto pasado por una presentación original de Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, en principio contra Alberto Fernández y Sofía Pachi, una exmodelo publicitaria que aparece como una de las visitantes en los registros de ingreso a Olivos.

Pero con el correr de las horas esa denuncia original se amplió con otros detalles y nombres, entre ellos los de la actriz y conductora Florencia Peña.

El fiscal González determinó que “el objeto procesal de la presente causa apuntará a establecer la efectiva existencia de conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la OMS y la emergencia sanitaria”.

En ese contexto, pidió a la Casa Militar -que depende de la Presidencia de la Nación- los registros de ingreso de Sofía Pachi, Chien Chia Hong, Emmanuel López, Fernando Consagra, Ariel Alonso Zapata, Lautaro Romero y Florencia Peña, cuyos nombres figuran en las denuncias judiciales y mediáticas sobre las visitas a Olivos.

El fiscal busca determinar “fecha, horario, carácter o cargo, motivo declarado de ingreso y de requerirse autorización, quién la efectuó” de cada una de esas visitas.

La investigación busca establecer si Alberto Fernández “habría permitido una serie de visitas no autorizadas en la residencia de Olivos durante el período en que se encontraba vigente la fase más estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio”.

La presentación original, que recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, hace hincapié en las visitas recibidas en la residencia oficial los días 2 de abril y 14 de julio de 2020, fechas coincidentes con los cumpleaños de Alberto Fernández y su pareja, Fabiola Yáñez.

 

Enojo opositor

“La denuncia es por la violación de las medidas sanitarias del propio Presidente. Entendemos que es una afrenta a todos los argentinos que durante más de un año no han podido despedir a sus fallecidos ni mandar a sus chicos al colegio”, explicó el denunciante y precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio, Yamil Santoro.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa de Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, el dirigente opositor explicó que “en Olivos se dio una realidad paralela en la que los amigos del poder hacían y deshacían a su gusto”.

La denuncia es por el presunto incumplimiento de lo establecido por el Gobierno para contener los contagios de COVID-19, lo que supondría incurrir en el delito tipificado en el artículo 205 del Código Penal: “Incumplimiento de las medidas sanitarias bajo riesgo de propagación de una enfermedad”.

“Las propias personas que nos señalaban con el dedito y después impostaban superioridad moral estaban teniendo una doble vida a espaldas de la ley”, acusó Santoro.

El postulante porteño remarcó que “la denuncia se extiende a la primera dama y a otras personas que estuvieron en su fiesta de cumpleaños”, así como también se apuntó contra la reconocida actriz Florencia Peña, quien visitó la Quinta de Olivos -según afirmó- para plantear la situación de los artistas ante el avance de las restricciones.

Tags: Alberto FernándezCoronavirus Covid-19Investigación judicialViolación a las normas sanitarias
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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