La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pide que se agilice el proyecto de ley que permite a los trabajadores de las economías regionales seguir percibiendo los planes sociales del Gobierno mientras realizan trabajos en blanco en los sectores productivos. La preocupación de la entidad está puesta en la falta de mano de obra en los campos durante los meses de cosecha por la ausencia de un mecanismo que les permita a los trabajadores golondrinas realizar las tareas de recolección, por eso, insisten en que un DNU sería la respuesta a este problema, ya que se acercan los meses de cosecha.
A partir de la insistencia de los pequeños y medianos empresarios agropecuarios, quienes advierten que la asistencia social desincentiva a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el “blanqueo” implica la baja automática de los beneficios, desde el área de Economías Regionales de CAME insisten en que necesitan que se avance en una resolución antes de octubre próximo.
Por ese motivo, solicitaron al Gobierno el tratamiento de carácter urgente al pedido realizado en marzo pasado en medio de la delicada situación que atraviesan los productores.
El proyecto de Ley de “Ampliación de la Seguridad Social de los Trabajadores Rurales Temporarios y Permanentes Discontinuos en el Ámbito de las PyME de las Economías Regionales” fue impulsado por la senadora del Frente de Todos por la provincia de Salta, Nora Giménez, y está acompañado por más de 10 representantes de la Cámara alta de distintos bloques, como Ricardo Antonio Guerra (La Rioja), Magdalena Guerra (Misiones) y Carmen Lucila Crexell, entre otros.
“El proyecto está en la instancia de la comisión de trabajo y previsión social que preside el senador Daniel Aníbal Lovera y todavía no se convocó a la reunión para tratarlo en la comisión del senado. Está parado. Entre octubre y noviembre se viene la alta demanda de trabajo y los productores no van a encontrar mano de obra”, dijo Pablo Vernengo, director ejecutivo de CAME.
Según explicó Vernengo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca podría avalar el proyecto. Sin embargo, el único eco que tuvo esta iniciativa fue de la secretaría de presidencia, donde el jefe de gabinete de asesores, Antonio Zucco, acompaña y comprende la problemática, además de prometer que iba a “tener el respaldo del Ejecutivo y que lo iban a sacar”.
Es una problemática donde abundan los planes sociales y las disputas son planes o no planes. Lo que nosotros estamos proponiendo no tiene costo para el Estado, porque estos planes ya los pagan. Es sólo resolver el costo administrativo”, puntualizó el representante de la Confederación.
Otras instancias
Por otro lado, Pablo Vernengo sostuvo que la iniciativa también fue enviada por parte de las mesas de trabajo de las provincias al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, donde esperan su acompañamiento. Parte de los inconvenientes que están sufriendo los productores es que para estar habilitado para exportar, tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tener a todos sus trabajadores en blanco.
“Esto hay que resolverlo. Si no se cosecha en tiempo y forma se pierde un 30% de actividad, como pasó este año. Tienen que llamar a Comisión para sacarlo, a Moroni para que haga un DNU donde se le permita trabajar en blanco a la gente y mantener los planes sociales, que haya una compatibilidad”, completó Vernengo.
Las economías regionales están integradas por más de 30 complejos productivos y representan el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales. El año pasado, ese sector que emplea el 70% de la mano de obra rural, recibió divisas por USD 7.015 millones y dio trabajo a alrededor de 625.000.
“Toda nuestra expectativa es que se trate este año en senadores. El proyecto busca dar un gran apoyo a la economía y a los productores porque cuando la cosecha no se puede hacer, fracasan el precio de las verduras, frutas y se escasean y se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Por eso se busca compatibilizar los planes con los trabajadores registrados, con los sueldos que les corresponden, para que tengan aportes y cargas sociales”, dijo la senadora Giménez.
La legisladora especificó que la informalidad en el trabajo rural es muy alta, por este motivo, los productores no consiguen empleados en economías registrales como caña, cebollas, ajos, frutas y verduras.
“Los trabajadores tienen miedo, no quieren ir a trabajar. No quieren que los registren por 3 meses y que no les devuelvan la Asignación Universal por Hijo (AUH), el plan social por embarazo y otras asignaciones. Se necesita que los hagamos compatibles. Este proyecto buscamos que sea por 2 años. El Estado ya tiene contemplados entre sus beneficiarios, toda la parte de pago de sueldo y los sectores productivos ya tienen previsto sus costos. No hay ninguna evasión extraordinaria para el Estado, sólo beneficios para los trabajadores”, extendió.
