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Por su voluntad o en patrullero, Pietrowski debería presentarse a juicio oral este martes

26 julio, 2021
DIPUTADO E INTENDENTE. El acusado por “amenazas” posee una carrera de más de 25 años en cargos públicos y mandato selectivos.

 

“La tercera es la vencida o no hay dos sin tres”, dijo una fuente incuestionable de los pasillos del Palacio de Justicia de Misiones donde mañana, en la sala de debates de los tribunales correccionales y de menores, Pedro Darío Pietrowski (51), exdiputado provincial y exintendente de Almafuerte, deberá presentarse a ser juzgado por episodios de violencia de género denunciado por su exesposa e hijos.

Es el tercer llamado a juicio oral en cuatro meses para el exlegislador renovador. El primero fue el jueves 18 de abril y se ausentó sin aviso y pocas horas antes sus defensores comunicaron a la fiscal María Laura Álvarez el rechazo a un acuerdo de suspensión de juicio abreviado de un año de prisión en suspenso y una probation por el delito de “amenazas” (artículo149Bis del CPA).

Pero no se presentó al debate y dos días después, cuando corría la orden de detención emitida por el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, notificó de manera digital un certificado médico afectado por un cuadro de hipertensión arterial.

Evitó el arresto y se fijó nueva fecha de juicio para el jueves 3 de junio a las 8. Pero una nueva comunicación electrónica al SIGED afirmaba que contrajo COVID-19. Nuevamente suspendido el debate y y a las quejas que se oyeron en los juzgados correccionales y de menores de la avenida Centenario no fueron bajas.

Las agendas de juicio y demás actividades del fuero son apretadas y cortas de alternativas. De todas maneras el juez Jiménez y la fiscal Álvarez rearmaron las fechas y definieron que mañana la audiencia se concrete.

Las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN fueron tajantes: “Si el martes no se presenta por voluntad y respeto a la ley, lo hará en un patrullero de policía y en carácter de detenido por rebelde, ya sin causa que lo justifique”.

La causa penal que enfrenta el exjefe comunal está a pocos días de cumplir cuatro años. El 4 de agosto de 2018, Celia Mabel Smiak (45) ingresó desesperada a la comisaría de Leandro N. Alem por ayuda para ella y sus tres hijos, pero también para denunciar a su expareja, Pedro Darío Pietrowski por las amenazas de muerte que habría proferido contra ella.

Durante veinte años Pietrowski fue alcalde de Almafuerte y en 2019 fue derrotado por su denunciante a su intento por volver al poder de la localidad de alrededor de 1.500 habitantes.

Su exesposa denunció que fue amenazada de muerte en reiteradas ocasiones y que ya no alcanzaba la restricción de hogar judicial, dormía en una habitación de la casa de su padre junto a los tres adolescentes, dos menores de edad por entonces.

Pietrowski
JUEZ JIMÉNEZ. Por tercera vez en menos de cuatro meses volvió a citar a juicio oral al exintendente de Almafuerte.

 

De acuerdo al auto de elevación a juicio de la fiscal de Instrucción 5de Alem, María Gisela Casafus de Castro, Pietrowski a medida que sus hijos crecieron aumentó el maltrato hacia su pareja.

Cuando ella decidió romper el vínculo, las amenazas fueron de muerte y reiteradas. Entre ellas se destacó de la denuncia: “Te voy a eliminar (…) No tengo problemas en quedar bajo la sombra (preso) (…) Si no lo hago yo lo va a hacer otra persona pero vos me vas a suplicar por la vida”.

El amedrentamiento aumentó cuando Smiak decidió iniciar su campaña política para llegar a jefa comunal. A tal punto habría llevado el padecimiento el encartado que la víctima y sus tres hijos debieron mudarse y vivir al límite del terror ante la posibilidad que Pietrowski cumpliera con sus amenazas.

Tal como lo publicó este Diario una hija del encartado, oportunamente relató y coincidió con su madre en el literal “calvario” al que fueron sometidos. “Cuando mi papá maltrataba y amenazaba a mi mamá, ella corría al baño y cerraba con llave (…) Una vez mi madre estaba en la camioneta y llegó él (Pietrowski en otro vehículo) y la encimó, chocó y la amenazó con un cuchillo”.

Otra de las víctimas, entonces menor de edad, resaltó que Pietrowski “la amenazaba a mi madre con cortarle la cabeza con un cuchillo, que si no le pasaba el terreno y la casa a su nombre la iba a matar”.

CERTIFICADO. Por COVID positivo Pietrowski no fue juzgado el 3 de junio.

 

De ser necesario…
El exdiputado renovador sería buscado por la policía si no se presenta mañana a las 8 a la sala de audiencias de los juzgados correccionales de la avenida Centenario, dependencia dentro del predio del Palacio de Justicia.

 

Encuadre legal 

El exintendente de Almafuerte llega a juicio oral y público acusado por el delito de “amenazas”, previsto y penado por el artículo 149 Bis del Código Penal Argentino. La norma indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”. En tanto que, en el segundo párrafo del mismo artículo remarca que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”

Tags: AlmafuerteCelia SmiakJuicio oralPedro Darío PietrowskiRebeldía
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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