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Permitirán las inhumaciones de fallecidos por COVID en Oberá

24 junio, 2021
Permitirán las inhumaciones de fallecidos por COVID en Oberá
NO HAY DESCANSO. La Ordenanza 2921 establece las reglamentaciones de funcionamiento del cementerio.

Nuevamente el Ejecutivo municipal de Oberá quedó en el foco de las críticas de los vecinos, al conocerse la queja de muchos obereños por no poder inhumar a los fallecidos por COVID-19 en el cementerio La Piedad de Oberá, ya que allí sólo permiten la cremación.

Por ello, según Matías Frick, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad “hay un protocolo de la OMS que recomienda la no inhumación de personas que fallecen por COVID, con los casos que se han dado, tuvimos una reunión con el comité de crisis y a través de un informe del área de infectología, que consultamos, se resolvió volver al proceso que teníamos en marzo del año pasado”.

Aunque, aclaró que “el personal deberá utilizar un traje específico para ello y una vez que recibamos el equipamiento creo que ya se podrá hacer, atendiendo las consultas de mucha gente”.

El funcionario también indicó, que “hasta ahora, sólo se permitía la cremación. Si el familiar del fallecido no tenía dinero, nos hacíamos cargo del costo, pero se podrá optar ahora por cremación o inhumación, siguiendo siempre el protocolo vigente para los casos”.

Aclaró que “esperamos igual el informe técnico de Salud Pública para saber cómo se implementará. Tratamos de resolver lo que sabemos genera mucho dolor en un momento muy difícil para muchas familias”.

El planteo surgió ante la crítica de los familiares por no poder inhumar a sus seres queridos en el cementerio local. Es decir, no sólo deben enfrentar el dolor de perder a un ser querido de esta forma, que implica el no haber tenido contacto, no haber podido acompañarlos ni verlos antes de su partida, sino también debieron enfrentar, a la hora de darle un reposo final, la negativa a la opción de inhumarlos en tierra santa de su localidad, donde muchos nacieron y vivieron toda su vida.

La única opción que permitía el municipio es la cremación, y es ahí donde los deudos que, por cuestiones de decisión familiar, religiosas o simplemente por cuestiones económicas (los costos de la cremaciones son elevadas), vieron negado su derecho a darle el descanso final a su familiar en la Capital del Monte y debieron acudir a municipios vecinos como Guaraní, Los Helechos e incluso Aristóbulo del Valle para inhumar a los fallecidos.

Mientras tanto, la defensora del Pueblo, Patricia Nittmann indicó que tras conocer la situación “nos pusimos a estudiar, con la asesora legal, la normativa y no encontramos una Ordenanza que determine que los fallecidos por COVID no puedan ser inhumados en el cementerio local, hicimos consultas y viendo a nivel nacional las recomendaciones que toman de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde recomiendan la cremación, pero no es obligatorio“.

“Por esto le solicitamos al intendente que nos aclare en qué normativa y con qué fundamentos se está prohibiendo a los obereños inhumar a sus familiares. Estamos esperando la respuesta por parte del municipio”, dijo.

Foto: gentileza C. Olivera Schuster.

Regulación

Asimismo, la edil de Juntos por Cambio, Mara Frontini, explicó que “nosotros presentamos hoy (por ayer) un pedido de informe al Ejecutivo para que nos explique por qué no se permite a los familiares de fallecidos por COVID la inhumación”.

“La Ordenanza 2921 que se aprobó en el Concejo Deliberante en diciembre pasado, está el marco regulatorio del cementerio La Piedad. Allí establece un protocolo y una categorización internacional de enfermedades en la cual el COVID-19 se encuentra en la categoría 2 o amarillo y está establecido en un cuadro donde dice que la cremación en el caso de fallecidos por COVID-19 es recomendable, pero no mandatoria, por eso hacemos un pedido de informe de por qué no se cumple con esa Ordenanza”, indicó.

Tags: #OberáCementerio de OberáInhumacionesMatías FrickPatricia Nittmann
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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