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De Vido seguirá libre hasta que la Corte Suprema revise su condena

13 abril, 2021
Julio De Vido

 

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido seguirá en libertad en la causa por la tragedia ferroviaria de Once hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva su condena a cinco años y ocho meses de prisión. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 4 ante un pedido del ex funcionario para continuar en libertad hasta que el máximo tribunal del país analice el caso.

Fuentes judiciales informaron que el tribunal le prohibió la salida del país a De Vido, le retuvo los documentos de viaje y ordenó que el Ministerio de Justicia de la Nación analice si debe llevar una tobillera electrónica que controle sus movimientos. Son las medidas que dictó para asegurar su presencia en la causa.

Los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico aplicaron el artículo 375 del Código Procesal Penal Federal que fue puesto en vigencia en febrero por el Congreso Nacional. El artículo dice “sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes”.

La ejecución de una sentencia es que una persona condenada puede ser detenida para comenzar a cumplirla la pena. Y que esté firme es que no haya más posibilidades de apelación. A eso se llega con un fallo de la Corte Suprema que no tiene plazos para resolver.

De Vido fue condenado en octubre de 2018 a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas cuando un tren en mal estado chocó en la estación once. Fue condenado porque no controló el destino de los fondos públicos que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) debía aplicar al servicio, pero no lo hacia.

En diciembre del año pasado, Casación confirmó la condena y el mes pasado rechazó la posibilidad de que el ex funcionario apele a la Corte. Antes, con ese rechazo se podía ejecutar la sentencia.

La defensa de De Vido informó en el tribunal oral que iba a apelar a la Corte con otro recurso, lo que hizo la semana pasada, y que no ordene su detención porque está vigente el nuevo artículo 375. Los jueces hoy compartieron su criterio.

Gorini y Basílico dijeron que la condena a De Vido “aún no ha sido resuelta por el máximo Tribunal y por ende no ha adquirido firmeza, razón por la cual no es posible su ejecutoriedad”.

Los magistrados analizaron las otras causas que tiene el ex funcionario -obra pública, Odebrecht, cuadernos de la corrupción, trenes chatarra- en las que también está en libertad. “En este sentido, entendemos que de momento y conforme lo analizado, el condenado deberá continuar en libertad”, concluyeron.

En la misma línea opinó Costabel en un voto propio. “En el caso concreto la condena dictada respecto del Julio Miguel De Vido no se encuentra firme a la fecha, justamente por haber sido planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja”, sostuvo el magistrado.

Los tres integrantes del tribunal aplicaron medidas de restricción que habían sido pedidas por el fiscal Juan García Elorrio cuando la semana pasada dictaminó en el caso. Así, los jueces ordenaron la prohibición de salida del país de De Vido, la retención de sus documentos de viaje y que el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación determine si debe llevar una pulsera electrónica que controle sus movimientos.

Los familiares de las víctimas habían pedido la detención de De Vido para que empiece a cumplir la condena. “No hay resolución pendiente sobre el fondo de la cuestión, y en ese sentido el fallo tiene la firmeza que impone la ejecutoriedad de la condena, en forma inmediata, esto es la detención del condenado para el inicio del cumplimiento de la condena”, le había pedido al tribunal el abogado Leonardo Meghini.

La Corte Suprema es la última instancia que tiene el ex ministro para modificar su condena. Nunca estuvo preso por la tragedia de Once -fue detenido en octubre de 2017 y liberado en marzo de 2020 pero por otras causas- y en caso que el máximo tribunal ratifique la acusación deberá comenzar a cumplirla. Si eso ocurre la discusión será donde: tiene 71 años y problemas de salud, dos circunstancias que la ley establece para acceder a la prisión domiciliaria.

La clave estará en el tiempo que se tome la Corte. El máximo tribunal no tiene plazos para resolver ninguna causa. El parámetro puede ser el primer juicio oral por la tragedia de Once, en el que fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Sergio Cirigliano y el maquinista del tren Marcos Córdoba.

Fueron detenidos, junto a otros acusados, el 5 de octubre de 2018 cuando Casación les rechazó la posibilidad de llegar a la Corte y así la condena se comenzó a ejecutar. Poco después apelaron al máximo tribunal que resolvió dos años después, en septiembre de 2020. Recién entonces esas condenadas quedaron firmes.

Fuente: Infobae

Tags: #JudicialesCorte Suprema de JusticiaJulio De VidoTragedia de once
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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