El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos ya temían en Argentina: la presidenta democrática Isabel Martínez de Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti.
Ese triunvirato designó como presidente de facto al primero de ellos y dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzaba así el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y el 2 de abril anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.
La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron. Durante este período la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, más allá de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto dirigido a destruir toda forma de participación popular.
El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el “orden”, sin ninguna voz disidente.
Se inauguró de esta forma el que se considera el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de Argentina. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y “desaparecieron”. Mientras tanto, mucha gente se exilió.
El impacto internacional de este relativamente breve pero dramático periodo fue tal que en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas fijaba el 24 de marzo de cada año como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
Tras la caída del régimen militar y la celebración de elecciones democráticas a fines de 1983, el camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura.
Hoy se cumplen 50 años de aquel Golpe de Estado y distintas organizaciones sociales se preparan para volver a decir “Nunca Más”.
