En 2017, el juez federal Claudio Bonadio, fallecido el año pasado, elevó a juicio oral y público la investigación conocida como “Dólar Futuro” en la que la ex presidente Cristina Kirchner fue procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
Fue el fiscal Eduardo Taiano el que reclamó que el caso, que nació con una denuncia de Cambiemos en octubre de 2015, fuera llevado a un debate oral. En esa denuncia no estaba inicialmente el nombre de Cristina Kirchner sino que solo apuntaba a los directivos del BCRA.
De acuerdo a la elevación a juicio que hizo el fiscal Taiano, entre los meses de septiembre y noviembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina negoció en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores.
“Como consecuencia de dicha operatoria, al mes de diciembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina llegó a tener contratos abiertos en el ROFEX y el MAE por casi 17 mil millones de dólares con fecha máxima de vencimiento al 30 de junio de 2016”, se señaló. Y para eso el directorio del BCRA amplió el límite de la entidad para actuar en los mercados a futuro del dólar. “Para hacer frente a tales obligaciones, el patrimonio del B.C.R.A. sufrió pérdidas por un monto de $77 mil millones de pesos”.
Bonadio procesó a Cristina Kirchner, Kicillof, los directores del BCRA y miembros de la Comisión Nacional de Valores. Segun él y el fiscal Eduardo Taiano, “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución” .
“Conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades del Banco Central de la República Argentina, con la necesaria intervención de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un breve periodo un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad, y por consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes públicos”, dijo
El juez Bonadio decidió enviar a juicio las actuaciones. En esa resolución, el magistrado explicó que la ex mandataria cometió el delito de fraude, al ordenar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio muy por debajo del mercado, una situación que -tras la devaluación que sinceró el tipo de cambio– obligó al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato, lo que provocó una millonaria pérdida para el fisco.
Según Bonadio, esa maniobra por parte del BCRA “excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos (y) no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional”.
Cristina Kirchner –junto con otras 11 personas–, fue acusada por el supuesto delito de “defraudación a la administración pública”, prevista en el artículo 174 del Código Penal, que fija penas entre dos y seis años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas.
Para el juez, cabe a la ex mandataria como hecho grave “formar parte de un grupo de funcionarios… que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico-administrativas y cuyas características se describirán más adelante, en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos”.
Bonadio describió en la acusación que esas decisiones eran “conducentes a que el BCRA concrete operaciones en el mercado de dólar futuro –mercados de ROFEX -Mercado a Término de Rosario- y MAE -Mercado Abierto Electrónico– en condiciones dañosas para el erario público ya que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional”.
En ese contexto, el fallo aseguró que la gestión fue “irregular, ilegal e ilegítima” porque tenía “el objetivo de mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal de compra/venta durante la gestión del gobierno que finalizó el 9 de diciembre de 2015, a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración que debía asumir el 10 de diciembre de 2015 y a despecho de los evidentes perjuicios que estas operaciones provocarían a futuro”.
En ese marco, el juez aseguró que el BCRA tuvo una pérdida de 77 mil millones de pesos. En esta causa también están imputados el ex ministro de Economía y actual diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y el integrante del directorio del Banco Central Pedro Biscay, entre otros.
El caso pasó a juicio oral y recayó en manos del Tribunal Oral Federal 1. Desde entonces, la abogada Andrea Casaux, defensora de Miguel Angel Pesce -también imputado- reclamó que se hiciera un peritaje contable. Ese estudio se ordenó en agosto de 2019 y culminó un año después. Allí se sostuvo que los balances del BCRA habían dado ganancias en 2015 y 2016. Sobre esa base, las defensas pidieron el sobreseimiento. El TOF, por una decisión dividida, no aceptó porque no contaba con el aval fiscal. Eso fue apelado en Casación que ahora tendrá que resolver.
