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El alto costo de la salud

26 febrero, 2021

Los precios de los medicamentos registraron incrementos superiores al alza de la inflación en 2020, según el primer informe del Observatorio de precios de costos de la salud de la Unión Argentina de Salud (UAS).

“El incremento de los insumos y los medicamentos son impuestos por una oferta muy concentrada frente a la que no hay ninguna posibilidad de negociación y van en desmedro del ingreso de sanatorios y honorarios profesionales”, explicó la UAS en un comunicado.

En el caso de los productos de alto costo hay una “manifiesta relación con la variación del dólar, un valor inabordable para la mayoría de las empresas de salud, tanto financiadores como prestadores”, señaló el trabajo de la entidad que nuclea a clínicas, sanatorios, hospitales, centros de diagnóstico, obras sociales, financiadores y servicios de urgencia.

Los medicamentos de uso hospitalario aumentaron un promedio de 278%, pero productos como el propofol (de uso en pacientes graves con Covid-19) tuvieron aumentos anuales de 335%, precisó el informe.

Incluso, el acenocumarol -anticoagulante para evitar accidentes cerebrovasculares (ACV) en personas que padecen arritmias- incrementó su precio de venta al público 1.397%.

De acuerdo al trabajo, los medicamentos de alto costo (algunos de ellos superan los 500.000 pesos por unidad) tuvieron aumentos superiores a 55%; mientras que los fármacos de uso común en pacientes ambulatorios aumentaron 46,1%.

Por su parte, los fármacos para el tratamiento de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis aumentaron 84% en promedio, aunque algunos llegaron a aumentar 1.300%.

Hay medicamentos como el treprostinil para la hipertensión pulmonar que tiene un precio cercano a los 13 millones de pesos; en este caso, por cada paciente con esta patología se requieren 28 ampollas, advirtió la entidad, según Télam.

La variación acumulada de medicamentos y descartables con insumos COVID fue de 119,7%; mientras que en los últimos cinco años los medicamentos aumentaron un promedio de 487%.

Según la UAS, tanto las empresas de medicina prepaga como los prestadores tuvieron que absorber los aumentos de medicamentos e insumos durante todo 2020 sin poder aumentar sus ingresos debido a que el aumento de cuotas de la medicina prepaga está regulado por el Estado y no contempla, hasta ahora, la evolución del aumento de estos costos. El último aumento antes del otorgado en enero de 2021, fue en diciembre de 2020 por un 10%.

 

Dura advertencia

El economista Miguel Kiguel advirtió esta semana que la inflación “está encontrando una velocidad crucero”, por lo cual consideró prioritario reducir la emisión monetaria.

“Con el 4% de enero, en líneas generales, vemos que la inflación está encontrando una velocidad crucero de entre 3,5 y 4% por mes. Y eso, claramente, impone y genera un desafío importante para el Gobierno: cómo hacer para frenarla”, consideró.

Kiguel sostuvo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “dice lo correcto cuando habla de que la inflación es un fenómeno macroeconómico, relacionado con expectativas sobre emisión monetaria, devaluación, precios atrasados”.

“Entonces, estamos en un contexto en el cual la macroeconomía domina a la inflación. El desafío es como frenarla”, añadió el economista en diálogo con la agencia NA.

Además, evaluó: “Si tenemos un desorden macro, lo primero que tiene que estar en línea es la emisión monetaria. Pero no es lo único. La emisión va a depender mucho del déficit fiscal y es ahí donde vienen las inconsistencias”.

“También hay que reducir el déficit fiscal para que no haya emisión, y luego considerar la inercia inflacionaria”, añadió. Según Kiguel, “para frenar las subas de precios, no deberíamos tener retrasos en tarifas o en algunos alimentos. Eso requiere un programa económico integral”.

 

“Todavía no alcanza, hay que bajarla más”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, consideró el domingo un “logro importante” haber reducido veinte puntos la inflación en el 2020, pero advirtió que “todavía no alcanza, hay que bajarla más” este año.

“En 2019 tuvimos el 55% de inflación y el año pasado logramos reducirla casi 20 puntos, un logro importante pero que todavía no alcanza”, señaló el funcionario.

Respecto del alza del 4% en los precios durante enero, admitió que el dato “llama a la reflexión”, y lo consideró “el efecto de elementos que aparecieron, como la suba de los precios internacionales de materias primas, de algunos commodities, que impactaron negativamente”.

“Por eso buscamos implementar esta política macroeconómica que ya está en marcha, que es consistente, que busca mejorar el escenario fiscal, el monetario, y al mismo tiempo coordinar salarios y precios, y algunos programas específicos, como el de la carne”, explicó.

El funcionario reconoció que el costo de vida es la “principal preocupación” que tienen en el Gobierno.
Kulfas se mostró confiado en la recuperación económica tras el duro impacto del coronavirus en 2020. Dijo que esa recuperación será ayudada por el descenso esperado en los niveles de inflación, que en 2020 fue del 36,1%.

“La bajamos casi un 20% con respecto al 2019, y este año esperamos bajarla unos 6 ó 7 puntos más”, destacó. “Nos tocó una crisis durísima. Hicimos un esfuerzo enorme y se nota”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo.

Fuente: iprofesional.com

Tags: #economía#saludAumentosmedicamentos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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