El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) volvió a intervenir por el alquiler irregular de viviendas construidas por el organismo, luego de que la inquilina de una casa del barrio Itaembé Guazú presentara la denuncia formal contra su “locatario”.
El expediente ingresó a principios de febrero por incumplimiento de la resolución 205 y ya fue firmada por el titular del Iprodha, Santiago Ros, para la revocación. Una vez que quede firme tras la rúbrica del directorio y sea notificada, la casa quedará nuevamente a disposición del Instituto para la evaluación de los candidatos.
“Primero se deberá determinar si la persona residente (por la inquilina) cumple con los requisitos y si es apta de ser tenida en consideración, entonces el organismo verá qué decisión tomar”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la gerenta social del Instituto, María Silvia Jouliá.
“Mañana (por hoy) estará firmada la resolución de revocación y de esa forma se completará el procedimiento para evaluar los pasos a seguir”, precisó.
El organismo tomó intervención tras la denuncia llevada adelante hace dos semanas por la inquilina, quien no tiene expedientes de solicitud de vivienda en esas oficinas.
Según la versión que brindó sobre su situación, ella decidió presentar un expediente por medio de la resolución que prohíbe arrendar una vivienda que todavía no se terminó de pagar y por lo tanto sigue siendo de propiedad del Instituto.
El fin de semana último, cuando la mujer -una instructora de zumba que da clases en el salón comunitario del barrio- no se encontraba en la casa por haberse tomado unos días para pasear con su familia, los adjudicatarios habrían forzado las entradas para tomar posesión de la casa, lo cual fue denunciado ante la policía y está en etapa de instrucción.
La inquilina se encontró con la mayoría de sus pertenencias dentro de su auto fuera de la cochera, estacionado en la vereda, con las puertas abiertas y con la llave puesta.
Por el momento, para volver a la vivienda la joven obtuvo una medida de amparo de la Justicia.
Entretanto, la familia adjudicataria que puso la vivienda en alquiler irregular debió acatar la decisión del juez de dejar la casa y ahora perdió todo derecho sobre ella.
