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Formosa: la Justicia pidió informes sobre la situación en centros de aislamiento

29 enero, 2021
Formosa

Formosa

La jueza federal de Formosa, Belén López Macé, pidió a la Fiscalía de Estado de la provincia gobernada por Gildo Insfrán que en “24 horas” entregue un “informe pormenorizado” sobre las personas que están incluidas en el expediente de habeas corupus presentado por el senador opositor Luis Naidenoff a raíz de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en centros de aislamiento dispuestos por la pandemia de coronavirus.

La jueza solicitó informes de los que “surjan los hechos, tiempo y lugar de aislamiento, cantidad de hisopados realizados y todo otro dato de interés a la causa, como así también las normativas y resoluciones en las cuales se avalarían la situación de restricción a la libertad que ostentarían las mismas”. La decisión de la jueza está referida a 13 personas que fueron las incluidas en la presentación de Naidenoff.

Naidenoff había denunciado que en los centros gubernamentales de aislamiento formoseños se produjeron violaciones a derechos humanos de índole constitucional y convencional tales como el derecho a la vida, a un ambiente sano, a la salud física y mental, a la privacidad, intimidad, a la circulación y el derecho a recibir un trato digno, entre otros.

La Cámara de Casación Federal había determinado que fuese la Justicia federal y no la provincial la que interviniera en el habeas corpus. Así lo decidió luego de que la jueza federal de Formosa declarara su incompetencia para hacerse cargo del caso.

Casación había resuelto que el caso quedara a cargo de la Justicia federal, en contra de lo que opinó el fiscal ante esa cámara, Raúl Pleé, quien consideró que el caso debía continuar en el poder judicial formoseño.

En el fallo de Casación, los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani se basaron en las consideraciones que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en noviembre de 2020, y tras semanas de polémica por ciudadanos que no podían entrar a Formosa, le ordenó a la provincia que garantizara el ingreso de todos los ciudadanos que desearan hacerlo.

Borinsky y Gemignani habían señalado que las medidas de aislamiento cuestionadas por el habeas corpus forman parte de una serie de decisiones tomadas a nivel nacional por la pandemia del coronavirus, por lo que en este caso las provincias actúan como delegadas del gobierno federal y responden a disposiciones de orden nacional dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Fue por eso que determinaron que debe actuar la jueza que pidió los informes a la Fiscalía de Estado.

La incompetencia dictada por la jueza federal de Formosa fue avalada por la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, que tiene jurisdicción sobre la provincia que gobierna Insfrán. Tras esa decisión el senador radical Naidenoff había presentado un recurso para que interviniera la Casación Federal.

La decisión de Casación fue comunicada a la Cámara Federal de Resistencia que se la hizo conocer a la jueza López Macé. En el escrito por el cual la jueza pide información a la Fiscalía de Estado formoseña se señala que: “Atento a lo resuelto por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Chaco, en cuanto declaró la competencia de la justicia federal para la tramitación de la presente acción de habeas corpus, sin perjuicio de mi criterio ya expuesto oportunamente, corresponde dar la tramitación debida”.

De esa manera la jueza, que asumió en su cargo en diciembre pasado, puso en marcha el expediente para saber cuáles son las condiciones en las que fueron asilados los ciudadanos formoseños incluidos en el habeas corpus.

Fuente: Medios Digitales

Tags: Cámara Federal de CasaciónFormosaGildo Insfrán
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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