“Con profunda decepción”, la AMIA y la DAIA emitieron un comunicado en el que rechazan el veredicto que los jueces del Tribunal Oral Federal 3 Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Canero emitieron este miércoles en el juicio que se le siguió a Carlos Telleldín, acusado de haber acondicionado, provisto y entregado el coche bomba que fue utilizado para cometer el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994.
“Las instituciones que compartieron la querella y que desde hace más de 26 años vienen bregando incansablemente por lograr Justicia por la masacre en la que fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas, apelarán el fallo y agotarán todas las instancias que el Estado de derecho confiere para que se cumpla el pedido de penas que se solicitó”, anunciaron.
Argumentaron que “la absolución de quien participó en la entrega de la Traffic que hizo volar la sede de Pasteur 633 en lo que fue el peor atentado terrorista en la historia del país, es un hecho hondamente lamentable, que añade más dolor y genera un desconcierto inexplicable ante los elementos probatorios presentados. Cabe recordar que, a la hora de presentar su alegato, la querella unificada de las instituciones comunitarias consideró al acusado partícipe necesario de los delitos de estrago doloso seguido de muerte, lesiones gravísimas, graves y leves calificadas, y daños; delitos que concurren en forma ideal entre sí, a la pena de veinte años de prisión”.
AMIA y DAIA aseveran que “las sobradas pruebas aportadas en el proceso que se le siguió al acusado revestían la contundencia y la relevancia necesarias para poder condenar a quien, con sus hechos, colaboró para que el atentado pudiera ser efectuado”.
En “total desacuerdo con el veredicto“, las instituciones comunitarias “rechazan la decisión del Tribunal, y recuerdan que seguirán, indeclinablemente, en el camino forjado a lo largo de todo este tiempo, para lograr justicia y condenar a los autores intelectuales y materiales de la masacre y a quienes colaboraron para que el atentado pudiera concretarse. La masacre perpetrada el 18 de julio de 1994 es un delito de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptible. La lucha contra la impunidad es un imperativo que las entidades seguirán manteniendo en alto para lograr la Justicia que desde hace más de 26 años se viene exigiendo y reclamando, sentenciaron.
