El pasado 28 de septiembre una denuncia anónima expuso la venta de motocicletas de dudosa procedencia a muy bajo costo, hecho que a todas luces ocultaba un ilícito. Posteriormente, esto que comenzó como un hecho policial derivó en un problema institucional para la Comuna. Esos rodados estaban secuestrados en el corralón municipal y tenían dueño.
A medida que avanzó la investigación policial se identificó a un exinspector municipal como el supuesto proveedor, pero a su vez, eso no podía haberse logrado sin la participación o al menos la mirada hacia otro lado de funcionarios de la Municipalidad que tenían alguna responsabilidad con el control de los vehículos bajo custodia.
Mientras por un carril el Concejo Deliberante interpeló al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Leandro N. Alem y a la Directora de Tránsito por este hecho, por otro lado tomó intervención la Justicia Penal.
Este jueves se conoció que la titular del Juzgado de Instrucción 5, la magistrada Selva Raquel Zuetta decidió imputar a ambos funcionarios y citarlos a indagatoria. En principio están acusados de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y cuando se presenten a la audiencia y den su versión de los hechos (en caso que no se abstengan), la jueza definirá cuáles son las responsabilidades penales específicas que le cabe a cada uno.
De nuevo, la situación laboral de los funcionarios corre por otro carril y eso lo definirá la política.
Como decíamos, todo comenzó con una denuncia anónima. La misma señalaba que en el barrio Espacio Verde un exinspector de tránsito había vendido dos motocicletas que no tenían papeles.
La policía inició una investigación que derivó en un allanamiento. Quien tenía esas motos era un joven de 20 años que reconoció haberlas comprado por la suma de diez mil pesos. Tras el secuestro de las mismas comenzó a revelarse la trama delictiva.
En la consulta con el sistema informático se supo que esos rodados debían estar bajo secuestro en el corralón municipal por infracciones al tránsito y sus dueños originales residían en Alem y Cerro Azul. Así, en pocos días el caso salpicó a los funcionarios comunales.
