En Capioví, la polémica entre la fábrica de pellets local GP Energy y una familia vecina que los denunció por ruidos molestos, entró en un impasse, después de que en la audiencia judicial de fines de la semana pasada las partes en litigio se convencieran de que cada uno tiene una porción de razón.
En el encuentro del viernes, convocado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico, participaron representantes de la empresa -radicada en el área industrial, pero que está impedida de trabajar en horario nocturno-, la familia que interpuso el recurso de amparo por el cual la Justicia adoptó esa medida cautelar y la Comuna de Capioví, que debió explicar los alcances de las normativas municipales al respecto.
Tras interiorizarse a fondo de la situación y el contexto, las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio de 15 días, lapso durante el cual la firma afectada tiene previsto hacer algunas mejoras para mitigar en lo posible la emisión de ruidos.
La situación volverá a ser evaluada por el juez Gastón Navarre el próximo 11 de noviembre y el viernes 13 se volverían a encontrar las partes en una nueva audiencia.
Así lo confirmaron a PRIMERA EDICIÓN tanto el propietario de la empresa, Enrique Bongers, como la representante legal de la familia demandante, Elizabeth Auras, quien prefirió no abundar en detalles sobre el litigio hasta tanto se avance en la próxima convocatoria.
En cambio, Bongers sí admitió que “por ahora no podremos trabajar” en horario nocturno, de 20 a 6, como viene ocurriendo desde julio, y “veremos en 15 días, luego de la audiencia, qué es lo que sucede”.
Además, el empresario deslizó que se instó a las autoridades municipales a contribuir a la clarificación del conflicto mediante una normativa más clara, ya que -se quejó- “el problema es que en Capioví hay ordenanzas que se contraponen: hay una que no permite ciertos niveles de ruido en el municipio y otra que crea la zona industrial pero no la exceptúa de la norma sobre los ruidos, que obvio que por ser zona industrial siempre los habrá”.
Por ello “apelamos al intendente que se haga cargo y que el Concejo Deliberante arregle la legislación del área industrial”.
Cabe recordar que la fábrica de pellets GP Energy está radicada desde 2007 en el área industrial de Capioví, pero en dicha área no sólo vive la familia demandante sino que hay en marcha varios proyectos habitacionales e incluso turísticos.
