En busca de barro ñaú y arena, diferentes empresas de la industria del cerámico en el municipio de Garuhapé avanzaron sobre la cobertura vegetal (selva en galería) del arroyo principal del pueblo y una parte importante de la costa del Paraná.
Se trata de un área incluida dentro de la “zona roja” de Ordenamiento Territorial, que alberga una enorme riqueza natural y por lo tanto no se puede tocar ni hacer un uso aprovechable de la madera ni otros recursos.
Pero sobre el arroyo Garuhapé, en la desembocadura del río Paraná, se pueden detectar a simple vista varias hectáreas de desmonte para extraer tierra en los alrededores del cauce del arroyo.
“Van tumbando el monte, la madera a la que no le pueden dar utilidad la tiran al agua y la que sirve se lleva a los aserraderos, todo esto se presupone que sin guía ni permiso”, relataron quienes dieron la voz de alarma. Según ellos, los días de la cuarentena más estricta fueron los de mayor trabajo de extracción.
Con ese accionar, los costados del arroyo se ensanchan y cuando el agua baja, los enormes piletones se quedan secos. Los peces que se meten durante la crecida quedan atrapados, mueren y se pudren en el lugar.
La situación despertó el repudio de los vecinos que -pese al temor a represalias- se atrevieron a denunciar el viernes último, en sus redes sociales, lo que estaba ocurriendo.
Marcelo Ferreira junto a otros pobladores de la zona tomaron registros para exponer el desastre y en menos de 24 horas, técnicos de Control Forestal del Ministerio de Ecología actuaron de oficio para verificar las ilegalidades.
“Se actuó rápido frente a la denuncia y estamos conformes. A partir de ahora vamos a pedir una medida de mitigación del impacto causado y un castigo por semejante daño a los responsables, más allá de que se frene esta práctica”, explicó a PRIMERA EDICIÓN el guardaparque y ambientalista Diego Ciarmello, al ser consultado sobre el tema.
Por su parte, Ferreira, residente en Garuhapé (departamento General San Martín) graficó que “prácticamente toda la localidad está minada de fábricas de cerámicas de ladrillo y las más involucradas en la desastrosa práctica se acercan a diez”.
“Esta materia prima se extrae de distintos puntos, la mayoría en puntos bajos de la cuenca hídrica, que es donde se halla exclusivamente ese barro que utilizan”, graficó.
“Acá lo que se está haciendo es un desmonte desde el metro cero y empujan la selva hacia el río y el arroyo. Vamos a hacer un pedido de informe, porque queremos acceder a los planos aprobados por la Dirección de Minas y Geología, ya que no se puede atropellar la Ley de Bosques Protectores, no hay argumento posible”, enfatizó Ciarmello por su parte.
En ese sentido, el ambientalista explicó que la autoridad de aplicación de la Ley 53 (Bosques y Fajas Ecológicas) es Ecología y la misma establece que los bordes de arroyo y los cursos de agua deberán ser del triple del ancho del arroyo. “La destrucción se hizo desde el borde del arroyo y se trata de un accionar ilegal”, remarcó.
“Vamos a estar atentos a la reacción de los organismos del Estado que son de contralor: Ecología y Minería. También vamos a presentar un pedido de informe respecto de evaluaciones de impacto ambiental de las industrias del cerámico”, agregó.
“Zona de inundación”
La Dirección General de Minas y Geología, dependiente del Ministerio de Industria de Misiones, es la encargada de controlar el desarrollo y la explotación de estos recursos. De hecho, cobra un canon a las empresas, ya que se supone que lo que está debajo de los 70 centímetros del suelo le pertenece al Estado.
Supuestamente para poder “avalar” esta práctica se propagó la información errónea y falsa de que el área donde está ocurriendo la extracción es “zona de inundación” por la represa de Corpus. Ese rumor es el que está propagado en la localidad y con ello se logró silenciar los reclamos.
Hay dos patas del Estado que deben tomar medidas y se trata tanto de Ecología como de Minería, ya que no se podría estar otorgando permiso de que se toque la cuenca del arroyo ya que forma parte de la “zona roja” comprendida en la Ley 16.105 de Ordenamiento Territorial de la Provincia. La cuenca del Garuhapé es zona intangible, que no se puede tocar ni se puede hacer un uso aprovechable de la madera ni nada por el estilo.
Cuando la Provincia ordenó las áreas naturales protegidas como “zonas rojas” se protegió fundamentalmente los bordes de los arroyos y los ríos, como el caso del mencionado Garuhapé y los bordes de los ríos Paraná y Uruguay.
En manos de Minas y Geología
Consultado sobre el procedimiento que quedará en manos de la Dirección General de Minas y Geología, su titular Fernando Crivello explicó a este Diario: “Todavía no tengo las actuaciones y no sé exactamente el lugar en donde se produjo el inconveniente. Me dijeron que no era de cerámica”.
Más allá de esto, “ante una denuncia, automáticamente el área Policía Minera de Geología se traslada al lugar. Si nosotros tenemos las actas esta tarde, el miércoles estaremos viajando para hacer la constatación”, aseguró Crivello.
“La autoridad minera es la que determina el tipo de infracciones y cuál es el procedimiento a seguir. Habría que ver si el lugar donde están trabajando corresponde a una extracción en la cantera habilitada y en el caso de estar habilitada ver si lo que están llevando a cabo cumple con información ambiental presentada para eso en este momento”, indicó el funcionario.
La Ley Nacional 24.585/95 (modificatoria del Código de Minería) exige a los productores la presentación de un informe de impacto ambiental y hay un compromiso por parte del productor para seguir a rajatabla lo propuesto en el informe. Si se verifica la infracción, hasta puede perder la licencia para producir.
