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Sesión especial en el Senado por traslados de tres jueces federales

14 septiembre, 2020

El Senado debatirá este miércoles, en sesión especial, el dictamen que rechaza los traslados de tres jueces que habían sido dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri, en una jornada en la que los legisladores deberán aprobar la prórroga de las sesiones por videoconferencia dispuestas por la Presidencia de la Cámara alta.

La sesión está convocada para las 14 y como primer tema se votará la continuidad de las reuniones parlamentarias remotas, tal como viene sucediendo desde mayo.

El proyecto obtuvo este lunes dictamen favorable de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda del Senado.

El Decreto Presidencial parlamentario 14/20, firmado por la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, prorroga la realización de sesiones de carácter remoto “de modo excepcional y por el plazo de sesenta días”.

El documento establece que ese período “será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria” que viene ocurriendo desde marzo, con el estallido de la pandemia por coronavirus Covid-19 que obligó al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para combatir su contagio.

El decreto será, seguramente, la primera discusión enconada entre el oficialismo y la oposición durante la sesión especial, ya que, a continuación, los legisladores deberán debatir los dictámenes emitidos por la Comisión de Acuerdos que rechazan los traslados de tres jueces que habían sido dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri.

Los dictámenes llevan el apoyo de los senadores del Frente de Todos, que se pronunciaron a favor de suspender los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py 2002 y, durante el Gobierno de Macri, fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña.

La Cámara Federal actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción, que entre otros delitos federales tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas.

Ambos jueces acudieron mediante un recurso de “per saltum” a la Corte Suprema de Justicia con la pretensión de evitar que el Senado los remueva de sus cargos y, en simultáneo, apelaron el rechazo del amparo que presentaron contra la revisión de sus traslados producido en primera instancia.

Los magistrados aspiran entonces, a través de esa doble vía, mantenerse en sus puestos. Mientras el oficialismo intentará avanzar con ese tema, el interbloque de Juntos por el Cambio se opondrá al tratamiento de los pliegos con el argumento de que “se encuentra viciado de nulidad”.

“El Senado no puede avanzar en el tratamiento de pliegos, años después de que estos jueces federales se encuentran cumpliendo funciones en sus respectivas jurisdicciones y sin que alguien hubiera objetado los mismos en el plazo y la forma pertinente”, argumentaron.

Y luego agregaron que “Estos traslados constituyen actos jurídicos firmes y consentidos y el único poder del estado con competencia para declararlos nulos y retrotraer alguna situación, es el Poder Judicial de la Nación”. Así lo dejaron sentado Bruglia y Bertuzzi a través de una nota enviada a la Comisión de Acuerdos, ante cuyos senadores no se presentaron cuando fueron convocados para defender sus respectivos pliegos.

En tanto, Germán Castelli es juez del Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y llegó a ese puesto trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, el 9 de octubre de 2018, y es uno de los magistrados que tiene que juzgar la causa conocida como “cuadernos de las coimas” en la obra pública.

En el llamado a sesión se incluyó el proyecto de ley que modifica el Régimen Federal de Pesca respecto de la actualización de los montos de sanciones y multas.

Esa iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados en una sesión que la oposición discute ante la justicia por considerarla inválida ya que, según argumentaron, no se contó con su aprobación para prorrogar las sesiones por videoconferencia.

Además, también figura en el listado el proyecto de ley sobre Fondo Nacional de la Defensa que deberá ser debatido sobre tablas, ya que el asunto recién fue dictaminado hoy.

Fuente: ambito.com

Tags: Bertuzzi y CastelliBrugliaSenado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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