Una investigación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) sobre contaminación en el sur del conurbano bonaerense, derivó en el descubrimiento de una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburos de un oleoducto de YPF. Se trata de una estafa de al menos U$S5 millones anuales. En la causa, quedó implicado el concejal de Lanús de Juntos por el Cambio Alberto Torres, quien fue allanado en las últimas horas luego de aparecer mencionado en escuchas telefónicas.
Este martes, casi un centenar de efectivos de la PFA y personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron 39 allanamientos y 21 detenciones, autorizadas por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
Los procedimientos se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, González Catán, Olavarría, Bahía Blanca, Hurlingham, General Rodríguez y Ramallo; en Neuquén, La Pampa y Santa Fe.
Uno de los operativos tuvo lugar en el domicilio de Torres. En principio, se informó que había sido detenido ante el hallazgo de elementos incriminatorios, pero que le habían dado prisión domiciliaria por formar parte del grupo de riesgo frente al COVID-19, ya que tiene 73 años.
— Alberto Torres (@TorresAlbertoOs) September 2, 2020
El edil lo desmintió este miércoles en su cuenta de Twitter: “Yo no estoy detenido ni incomunicado, el resultado del allanamiento fue negativo ya que no encontraron ningún elemento que me involucre en la causa”, remarcó.
El Juzgado de Augé y la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona, coincidieron en avanzar con el procedimiento en el domicilio del concejal a partir de una serie de escuchas telefónicas, en las que Gerardo Rodríguez, principal imputado de la investigación, lo mencionó como “protector” de un refinería clandestina que funcionaba en Valentín Alsina, partido de Lanús, y que formaba parte del circuito de esta empresa criminal.
En relación a estas sospechas, Torres explicó: “Fui mencionado por el dirigente político Gerardo Rodríguez, que militó conmigo en mi espacio MOPEBO (Movimiento Peronista Bonaerense) entre el año 2013 y 2015. A partir de ese año, ya no formó más parte de mi espacio político. No tengo ni tuve vinculación con él más allá de la política”.
Fuentes policiales informaron que encontraron una curtiembre no habilitada en el fondo de la casa de este concejal. Desde el municipio que gobierna Néstor Grindetti confirmaron que Torres “es curtiembrero y vive en el mismo predio en el que tiene la curtiduría”, pero aclararon que eso “no tiene nada que ver con esta causa”.
Por el momento, el edil asegura que está “tranquilo y a disposición de la justicia para colaborar con lo que haga falta”·
Fuentes del Departamento de Seguridad de YPF, revelaron que el acta de detención para el concejal existió, por lo que estaría incluido dentro de los 21 apresados en la causa, y allí consta que fue liberado a las 00.05 del miércoles. Sin embargo, desde la fiscalía ratificaron que no quedó detenido.
El multimillonario robo de petróleo a YPF
Ocho meses atrás, el Departamento de Delitos Ambientales de la PFA comenzó a investigar la contaminación ambiental en la zona sur del Gran Buenos Aires y puso la lupa sobre una destilería clandestina de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, que vertía sus desechos en la cuenca Matanza-Riachuelo.
El avance en la investigación, junto a una denuncia presentada por YPF sobre una empresa criminal que robaba petróleo del Estado nacional del oleoducto que va de Puerto Rosales a La Plata, llevaron al descubrimiento de una asociación ilícita, con una logística inmensa, que realizaba la extracción, transporte, destilación y comercialización del producto.
Según informaron fuentes policiales, extraían el hidrocarburo mediante un bypass y lo pasaban a piletones que hacían en la tierra. Luego, con la ayuda de mangueras, lo cargaban en camiones y lo transportaban a diferentes destilerías clandestinas. Una vez refinado, vendían el combustible a estaciones de servicio “sin bandera” y a productores agropecuarios.
Fuentes del Departamento de Seguridad de YPF informaron que los primeros daños a la tubería se habían detectado cuatro años atrás. Sin embargo, cada vez que se encontraba una pinchadura “se hacía la denuncia en la Justicia provincial, y no prosperaba”.
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