En un depósito pegado al chiquero, entre plantas de mandarinas o en el mismo hogar, las tres hermanas fueron abusadas por su “padrastro” o “patrón”, el propietario de la chacra y candidato a intendente de Almafuerte, quien no se habría conformado con ultrajar su integridad sexual desde que fueron niñas, también las obligó a trabajos forzados y a callar durante largos años, en el caso de la mayor de las víctimas durante siete.
Juan Carlos Aguirre tiene hoy 68 años y fue referente del Partido Agrario y Social (PAyS) no sólo en Almafuerte, también se lo conoce en Leandro N. Alem y demás localidades de la zona.
El 9 de marzo de 2017 fue detenido en el barrio Juan Pablo II de Leandro N. Alem. La denuncia de una tía de su hijastra menor, entonces de 13 años, lo acorraló y derivó en que las hermanas mayores también rompieran el silencio del idéntico calvario en el Lote 46.
El viernes pasado, 14 de agosto, y por videoconferencia entre dependencias de la Unidad Penal VIII de Cerro Azul y la Fiscalía Penal 1 (subrogante de la Fiscalía 2), Aguirre se reconoció culpable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por ser tutor, todo ello en concurso real” y firmó una condena de catorce años de prisión de cumplimiento efectivo.
Aceptó la modalidad de suspensión por juicio abreviado y evitó sentarse en el banquillo de los acusados ante los camaristas del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción.
La propuesta le fue formulada por Martín Alejandro Rau, titular de la Fiscalía del Tribunal Penal 1 (en este caso por subrogación del TP-2) y Aguirre rubricó el acuerdo bajo el asesoramiento de su abogado, Julián Arias de León.
El contexto delictivo que protagonizó Aguirre correspondió al de “patrón” de campo, al padrastro que sometía sexualmente a las menores, pero también las obligaba a los trabajos forzados de la chacra.
Hasta el padre biológico de las tres víctimas trabajaba como peón en la propiedad de quien hasta intentó ser intendente de Almafuerte en representación del PAyS en 2015.
Los abusos fueron denunciados tras la muerte de la madre de las niñas y concubina de Aguirre.
La hijastra más chica, entonces de 13 años, por mensaje de texto desde su celular rompió el silencio y se lo contó a una prima.
Desde ese punto, la cadena de detalles se preserva en este Diario para cuidar la identidad de todas las víctimas.
Para que la condena firmada sea efectiva, restarán las audiencias de visu con los jueces del Tribunal Penal 2. Se descarta que se realizarán bajo la misma modalidad de videollamadas o videoconferencias que impera por la pandemia mundial de COVID-19 y que obliga al distanciamiento social.
Encuadre legal
De acuerdo al artículo 119 del Código Penal Argentino “será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción (…) La pena será de seis a quince años cuando hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías”.
En el caso del acusado Aguirre se estimó que “la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si “el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda” y si “fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.
