Cuando por fin la Justicia reconoció que las tierras que ocupan desde que tienen memoria son suyas, las comunidades guaraníes del Valle del Cuña Pirú enfrentan ahora la intrusión de esas tierras y el desmonte nativo de las mismas por parte de los ocupantes.
Este lunes, el propio Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel envió una epístola al gobernador Oscar Herrera Ahuad pidiéndole que investigue a fondo por orden de quién estas personas ingresaron a las tierras de las comunidades, señalando que los testimonios señalarían al intendente de Aristóbulo del Valle como impulsor de la ocupación.
Vale recordar que, después de 5 años de negociaciones y otros 12 años de juicio, en marzo del año pasado las comunidades guaraníes que habitan el Valle de Cuña Pirú lograron que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) les traspasara la propiedad de esas tierras. Seis meses después, en octubre de 2019, el juez federal José Luis Casals homologó el acuerdo firmado entre la UNLP y las tres comunidades que iniciaron el juicio (luego se sumaron otras) y dispuso que “tome intervención la Provincia de Misiones a través de la Escribanía General de Gobierno, a fin de que arbitre todos los recaudos, -dando estricto e inmediato cumplimiento a lo prescripto por el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT, Ley Provincial VI Nº 37 (antes Ley 2727) a los efectos de confeccionar el correspondiente título de propiedad comunitario, cuyos trámites deberán ser gratuitos, con las garantías de inajenable, intransmisible y no susceptible de gravámenes o embargos, con el correspondiente registro público”.
Pandemia mediante, el trámite de titulación aún está en proceso, pero las comunidades cuentan con documentos más que suficientes que los reconoce como propietarios. Al respecto, uno de los referentes del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), institución que los acompañó durante el juicio, Vasco Baigorri, señaló que “la gestión del título de propiedad colectiva, proceso que está en marcha, no pone en duda la titularidad de estas tierras por parte de las comunidades”.
Intrusos viejos y más nuevos
Baigorri indicó que hay intrusión desde hace varios años en esas tierras, “incluso uno de los intrusos me atacó a machetazos el año pasado cuando fuimos a ver la situación in situ… esa gente que me atacó se fue de esas tierras y vendió terrenos que no le pertenecen. Hoy sigue la ocupación de diferentes pedazos, por lo que las comunidades hicieron una denuncia pues, cuando fueron a ver el lugar, esas personas aseguraron que el intendente Hunt les recomendó que ocuparan un espacio por familia. Hay personas que dicen que están hace muchos años, lo cual no es cierto porque conocemos el lugar y sabemos que la mayoría son ocupantes nuevos”.
Indicó que el Ministerio de Ecología se hizo presente este miércoles 29 y levantó un acta de la gente asentada. “Ninguna de esas personas tienen derecho de ocupación porque, en teoría, nadie puede cobrarle impuestos o servicios. Sin embargo, la cooperativa de luz conectó la electricidad a varios de los ocupantes de una manera que no es estatutaria, porque según el estatuto tienen que tener título o permiso de ocupación”, advirtió.
Para Baigorri, son once las familias que se instalaron en esas tierras, la mayoría está cerca de la ruta 7, orientado hacia Aristóbulo del Valle. “Incluso sabemos que, entre esta gente, hay personas que viven en Aristóbulo y tienen boletos de compra venta cuando nadie tiene derecho a vender esas tierras”.
“No queremos que sigan avanzando”
El cacique de Ka’aguy Poty y maestro de la escuela primaria de su comunidad, Eliseo Chamorro, aseveró a este Diario que denunciaron la intrusión de sus tierras “más que nada porque no queremos que sigan avanzando, por ahora pueden estar pero el caso es que no sigan cortando árboles”.
Según indicó el cacique, “fue uno de los ocupantes que está hace varios años el que trajo una máquina, no sabemos si de la misma Municipalidad, y tumbó varios árboles. También constatamos con Ecología que venden leña de madera nativa”.
Chamorro señaló que “la intrusión de nuestra tierra es una lucha que no es de ahora y el intendente la conoce bien porque él tampoco es nuevo en ese cargo, porque ya va por su tercera gestión en la Municipalidad de Aristóbulo del Valle”.
A diferencia de antes, “ahora nosotros tenemos documentos que nos avalan como propietarios de esta tierra, a diferencia de lo que sucedía antes que nos decían que no teníamos papeles para reclamar”. El cacique contó que no todas las familias de la comunidad tienen electricidad y, las que tienen, cuentan con instalación muy precaria.
Ecología entrevistó a catorce familias
Este miércoles 29, funcionarios del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales y Renovables de la provincia se hicieron presentes en la nomenclatura catastral n° 0205003000000000864 para constatar la situación denunciada por el cacique Eliseo Chamorro y la secretaria de ENDEPA, Cintia Giménez, quienes acompañaron a los funcionarios.
Según el informe de la Comisión Departamento de Control Forestal, se constató en el lugar rozados de vieja data, árboles nativos apeados data vieja que son utilizado para leña para uso de las familias, se pudo entrevistar a 14 familias, en cual viven hace años en lugar, se tomaron puntos de GPS de casa y fotos de los trabajos realizado, también se constató que en lugar donde viven las diferentes familias poseen cultivos de productos anuales como también cría de gallinas, cerdos y huertas. Se labraron actas de constatación.
El primer entrevistado fue el señor Juan Maciel Juan quien dijo que compró la mejora donde tiene criadero de cerdos, gallinas como también plantación de eucalipto, frutales, tajamar de peces. La limpieza que realizó (que generó la denuncia del cacique) fue para el armado de un invernadero. Aseguró que vive en ese lugar hace 15 años.
Otra de las familias ocupantes, la de Guillermo Wegner, dijo poseer once hectáreas que compró hace cuarenta años, posee luz y aguas como también paga impuestos municipal y rentas.
En tanto, la familia del Mario Suarez de Souza, de cuatro integrantes, posee cuatro hectáreas y vive allá desde hace dos años. La familia de Carlos Pretes, que dice tener un boleto de compra venta por catorce hectáreas, vive allí desde hace seis años. Ese lote de catorse hectáreas está ocupado por tres familias, un total de 16 personas.
Según el informe de Ecología también reside en la picada Jorge Kolmaier y su hermano, quien está allí desde hace 50 años. Poseen un total de cinco hectáreas con plantaciones de maíz y mandioca.
Más adelante, por la misma picada, vive María de Olivera de 60 años de edad. La mujer tiene 10 hectáreas y, según contó, reside allí desde hace 16 años. En ese lote viven tres familias, un total de 12 personas.
También se constató la chacra de la familia de Juan Carlos De Andrade quien compró (tiene boleto de compra venta) dos hectáreas y vive con su esposa y seis niños. Tiene criadero de gallinas y chanchos.
El ocupante más reciente, según el informe, es Aimone Juan Jode que compró la mejora de cuatro hectáreas hace un año. Tiene plantación de anuales como maíz , sandía, banana, pomelo y una huerta.
Hugo Machado compró la mejora de cuatro hectáreas hace dos años a un señor de nombre Ziegler Julián. También Adrián Sánchez, que tiene 15 hectáreas, se las compró al mismo hombre: Julián Ziegler.
Otra de las ocupantes, Mirta Olivera, posee quince hectáreas y vive allí desde 2006. Mientras que el señor Hugo Scheir dijo que vive en el lugar desde 2007 y posee diez hectáreas.
