A criterio de la magistrada, derivar el caso a la Justicia federal porteña implicaría “vaciar de contenido a la jurisdicción de los tribunales federales con asiento en las provincias” y “obligar irrazonablemente a los demandantes a litigar de manera exclusiva en la jurisdicción territorial de los tribunales federales con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El Gobierno pretendía que sean los tribunales porteños los encargados de revisar las decisiones del Poder Ejecutivo. El fiscal del caso estuvo de acuerdo, pero hoy la jueza Biotti rechazó esa interpretación.
“Si bien los planteos efectuados por los integrantes del Directorio de Vicentin SAIC y los agravios expuestos por el Estado nacional contra la decisión del Juez del concurso en esta inhibitoria deberán ser resueltos ante los tribunales federales con competencia contencioso administrativo, considero que el Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal no posee competencia territorial para entender en la causa”, dijo la jueza.
En el fallo al que accedió Infobae, la magistrada sostuvo: “Corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”, ante los que deberá analizar “la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado nacional”.
El fallo avaló un criterio que está en debate en la Corte Suprema de Justicia -pero ya aplicado en varias causas- sobre la potestad de los fueros federales del interior para analizar las resoluciones del Gobierno. El Ejecutivo, no obstante, podrá apelar esta decisión.
Se trata del segundo fallo adverso al Gobierno en el caso Vicentín, la cerealera aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, que está siendo investigada penalmente por haber acumulado una deuda de más de $18 mil millones con el Banco Nación durante el último tramo del Gobierno de Mauricio Macri, mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior.
El 4 de diciembre 2019, la sociedad Vicentín SAIC anunció públicamente a sus acreedores que se encontraba en una situación de “estrés financiero”, que no le permitiría enfrentar sus obligaciones. Entraba en cesación de pagos. Fue en febrero que la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. El caso quedó en manos del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini.
La deuda de Vicentín asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones están contraídos con los bancos y otros 350 millones con empresas del sector agrícola.
El 8 de junio pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa por 60 días. Allí se explicó que se buscaba “asegurar la continuidad de las actividades de la empresa” que “al momento de la cesación de pagos, era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales” frente al complejo panorama financiero de la empresa. Además se puso bajo análisis en el Congreso un proyecto de expropiación.
El caso terminó derivando en un debate público sobre el avance sobre la propiedad privada y hubo marchas tanto en Santa Fe como en Buenos Aires criticando la decisión del Ejecutivo.
Los dueños de la compañía se presentaron ante el juez Lorenzini a pedir la inconstitucionalidad del decreto de intervención. El juez no opinó sobre eso, pero dictó una medida autosatisfactiva que convirtió al interventor del Gobierno en veedor y repuso a dueños en sus cargos del directorio. La decisión fue apelada en ese expediente.
Mientras tanto, el Ejecutivo se presentó en los tribunales porteños para pedir que el caso se radique en Buenos Aires. Tal como informó Infobae, hace una semana apoderados del Ministerio de Desarrollo Productivo plantearon en el fuero contencioso administrativo de la Capital que el fallo que dictó el juez de Reconquista fue una “sentencia arbitraria”, que violó la ley de medidas cautelares y afectó la división de poderes. Y reclamó que una inhibitoria.
“Si el magistrado del concurso se declaró incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar. Asimismo, lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incompetente para tratar la inconstitucionalidad del acto impugnado, lo cierto es que igualmente lo hizo al privar apresurada e infundadamente de efectos al DNU N° 522/20 -una norma, se reitera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado nacional”, afirmó la presentación del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.
Hoy, la jueza Biotti rechazó esos argumentos.“No me caben dudas que la presentación efectuada por el directorio de Vicentín SAIC corresponde a la competencia contencioso administrativo federal en razón de la materia” y que “no procede el fuero de atracción con respecto al proceso concursal en la justicia provincial”, dijo. Pero interpretó que el análisis del caso corresponde a los “tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”.
Fuente: infobae.com
