Con desconocimiento total de derechos constitucionales, violan nuestra Carta Magna democrática, cuando muchos de ellos juran desempeñar sus cargos de acuerdo a lo que la Constitución dice.
Lo lamentable es que a nadie escapa la crítica situación que atraviesan las empresas, agravada por la llegada de la pandemia por COVID-19, que dejó a muchos sin nada con qué trabajar y a otros al borde del ahogo financiero… pero intentando TRABAJAR con un Estado que hace lo imposible por impedirlo.
Paradójicamente, se declaró al transporte como una actividad “esencial” durante la cuarentena con el fin de evitar el desabastecimiento. Sin embargo hay funcionarios nacionales y gobernadores que hacen la vida imposible a los choferes de camiones, sometidos a un constante maltrato que se agudiza con el correr de los días. Trabajadores que arriesgan sus vidas para facilitar las de millones de personas en las distintas comunidades.
A la larga, con la ineptitud para gestionar, lograrán que el desabastecimiento impacte duramente en los pueblos. No debemos olvidar que hay algunos de ellos que son indispensables en los centros asistenciales, que vienen de países vecinos.
Diariamente se ve en los medios de comunicación a los gobernantes hablar de la defensa de la vida mientras, en sus cómodos escritorios, firman disposiciones que hacen la vida imposible a quienes pretenden simplemente TRABAJAR autorizados por la Nación.
El presidente Alberto Fernández y su Gabinete están permitiendo a los gobernadores de provincias como Mendoza, Jujuy, Formosa atribuirse abusivamente poderes que no les están delegados, en perjuicio de los que quieren TRABAJAR y no vivir de los subsidios de un Estado que exprime los bolsillos privados pensando que los aportes en impuestos son ilimitados.
Muchas empresas argentinas que transportan mercaderías a países de este vapuleado MERCOSUR, en un marco de comercio internacional también declarado esencial y con el cumplimiento de una burocracia agigantada desde la cuarentena, se ven impedidas de ejercer ese derecho tan importante como el TRABAJO, por irracionales disposiciones oficiales.
En Mendoza ya aplicaron el horario de invierno durante el otoño en los pasos fronterizos con Chile, que reduce considerablemente la atención de Aduanas y otros organismos de control, formando aglomeración de camiones por muchas horas (a veces días si llega a nevar) hasta conseguir el cruce. ¿Acaso no había que agilizar el tránsito para evitar esa aglomeración ante el COVID-19, para proteger a los propios choferes como al personal de los organismos nacionales? Después en la Argentina nadie quiere hacerse cargo de las decisiones irresponsables.
De por sí, la vida de los camioneros es de mucho sacrificio, de largas ausencias en la vida familiar, con tal de garantizar a la población el abastecimiento de alimentos, insumos y otras mercaderías que son justamente esenciales para la subsistencia. Si a ello se agrega la falta de razonamiento y criterio de los funcionarios gubernamentales, se entenderá por qué sostengo que nos hacen la vida imposible.
Los trabajadores en las rutas nos representan a los empresarios, con la responsabilidad de cumplir una tarea asignada de tanta importancia. Por esa razón, no podemos quedarnos callados como lo hicieron hasta ahora muchas de las cámaras empresarias del transporte. Es nuestro deber denunciar la situación para que la ceguera del Gobierno cese y algo cambie.
Los maltratos continuos a los que son sometidos los camioneros se potencian sin límite: no pueden usar baños, comprar comida en kioscos o comercios, descansar algunas horas en paradores porque les ponen plazos para abandonar una provincia, los encierran en hospitales o centros de campaña con la excusa de someterlos a controles sanitarios, los maltratan las fuerzas de seguridad por “molestar” TRABAJANDO. A las empresas nos inventan “peajes” en forma de tasas para entrar a una localidad ya sea por tránsito o para depositar las mercaderías. Y hasta los hisopados en Salud Pública de las provincias sin los cuales no se podría ir por las mismas.
El presidente Fernández recorre el país pero no ve que se han formado varias “repúblicas” donde cerraron sus límites al paso del transporte, retienen los camiones en rutas nacionales que son federales o aplicaron protocolos como mejor les parezca. Paralelamente, a la opinión pública le muestran reuniones improductivas donde exponen un esquema de trabajo único que los gobernadores nunca respetan.
Los camioneros deben llevar una “sábana de reglas impresas” para cumplir con las normativas de cada jurisdicción, a medida que transitan por el territorio argentino.
Esta anarquía llegó al punto que Jujuy, en las últimas horas, se arrogó una potestad que no le corresponde, como es pretender cerrar durante una semana el paso internacional de Jama a los camiones que van entre Chile y la Argentina. O los dejan varios días encerrados en una habitación de hospital aún cuando los test dan negativo, reteniendo a las personas, las unidades y las mercaderías (algunas de ellas perecederas). ¡A lo que hemos llegado en este barco sin rumbo por la ausencia de un Presidente con la firmeza suficiente para terminar con esta violación de derechos constitucionales!
Que quede en claro que no estoy en contra de la preservación de la salud de la población frente al coronavirus. Y es justamente acatando las medidas de prevención sanitarias que se trabaja. Y es por eso que los gobernantes deben facilitar el tránsito del transporte, hacerlo fluido, para no exponer injustificadamente a los choferes a un riesgo sanitario por caprichos e inventos de unos pocos que actúan frente a un Presidente que los deja hacer con tal de congratularse con los aliados políticos.
¿Sigue siendo este país representativo, republicano y federal con un Poder Judicial que controle las arbitrariedades o un Legislativo que genere normas capaces de reglar de forma unánime las obligaciones impuestas a los ciudadanos? Desde hace casi tres meses, parece que ya no.
A nadie escapa el “estado de coma” en que quedaron miles de empresas que todavía no cerraron las puertas. El esfuerzo se sigue haciendo para mantener los puestos de trabajo y, con muchas dificultades, abonar los salarios. Sin embargo, ese mismo Estado que no perdona impuestos y requiere cada vez más de aportes privados, pone un palo atrás del otro en las ruedas del sector del transporte de cargas.
Por Francisco José Wipplinger
Presidente de FJW SAT
