Los planes de abrir una ruta directa de panes de marihuana prensada hacia Paraná y Santa Fe quedaron frustrados para cuatro misioneros y un paraguayo. Durante los últimos días lo ratificaron con sus propias firmas al admitir su culpa y ser condenados a prisión por violar la Ley 23.737.
Gustavo Hernán Castillo de 32 años, Fabiola Andrea Ferreyra (36), Silvio César Jiménez (75), Elvio César Giménez (44) y el paraguayo Miguel Antonio Ramírez (33) fueron capturados en múltiples procedimientos realizados por la Policía Federal durante la tarde y noche del viernes 4 de agosto de 2017.
El allanamientos principal, ordenado por el juez federal José Luis Casals, ocurrió en un galpón de alquiler sobre la colectora de la autovía de la ruta 105 a la altura del barrio Santa Helena de Garupá.
Allí irrumpieron los investigadores tras semanas y meses de escuchas telefónicas y seguimientos controlados a los sospechosos que intentaban trasladar ladrillos de estupefacientes provenientes de Paraguay, hasta los centros de consumo de las capitales de Entre Ríos y Santa Fe.
Contra un incontrastable caudal de evidencias y pruebas, los cuatro imputados aceptaron la propuesta de suspensión de juicio abreviado alcanzada en sendas audiencias de visu por el fiscal Pablo Ricardo Di Loreto.
El acuerdo fue fundamentado y homologado por los camaristas integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Víctor Antonio Alonso (subrogante), Norma Lampugnani y Manuel Alberto Jesús Moreira.
En el caso de Gustavo Castillo y Elvio Giménez la condena fue de seis años de prisión como “coautores del delito de asociación ilícita en calidad de organizador en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas”.
Para el expenitenciario federal Silvio Jiménez fueron cinco los años de prisión como “coautor de asociación ilícita en calidad de organizador”.
En cuanto al paraguayo Miguel Ramírez la pena fue de cuatro años como “coautor de asociación ilícita en calidad de miembro o integrante en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas”.
La posadeña Ferreyra finalmente fue sentenciada con prisión de ejecución condicional por tres años como “miembro o integrante de asociación ilícita”.
De acuerdo al plexo fáctico de la sentencia (firmada durante los últimos días de mayo), a mediados de 2016 se inició la pesquisa en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Un denunciante anónimo aseguraba que narcotraficantes lo contactaron en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá para que les consiguiera “centro de acopio” en Colón, Entre Ríos, para descargar un camión con 600 kilogramos de marihuana, cargamento que luego debía ser llevado a Paraná, donde todo estaba “cubierto, arreglado” con las fuerzas de seguridad para llegar hasta la capital santefesina. Por esa labor iba a cobrar $70 mil.
El 14 de mayo de 2016 el mismo juzgado entrerriano recibió otro llamado coincidente y que los narcotraficantes querían trasladar 700 kilogramos de marihuana para “probar el circuito”, y dieron a entender que también trasladaban cocaína.
Con el devenir de las investigaciones, se estableció que el nexo proveedor de la droga estaba en Misiones e involucraba a Castillo.
El viernes 4 de agosto de 2017, efectivos del Departamento Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina realizaron tareas de vigilancia en las inmediaciones del galpón ubicado sobre la colectora de la autovía 105 en la entrada del barrio Santa Helena de Garupá, y advirtieron movimientos de camión Ford 400 blanco con caja y lona azul y de otro marca Renault con semirremolque.
Irrumpieron pasadas las 18.40 los uniformados y descubrieron pallets con las cargas de cannabis sativa prensada listos para ser cargados al transporte de mayor porte. En total 4.833 panes, 4.070,896 kilogramos de marihuana.
